Si seguimos respondiendo a la violencia escolar con más control, corremos el riesgo de perpetuar aquello que buscamos erradicar.
Violencia escolar - Pupitre con un estuche encima, en una sala de clase / Agencia Uno
Lamentablemente, no es novedad escuchar actos de violencia escolar o de alta connotación social en la vida cotidiana. Sin embargo, la muerte de una inspectora a manos de un alumno en Calama ha generado un impacto que desborda la rutina informativa.
No solo por la gravedad del hecho, sino porque ocurre en un espacio que, por definición, debería resguardar y formar.
La muerte en una escuela desafía el corazón del sistema escolar: ese que está pensado para producir lo que Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1966) denominaron socialización secundaria, es decir, la transmisión de valores, normas, creencias y actitudes que permiten la vida en sociedad.
Frente a esto, la respuesta ha sido predecible. Detectores de metales, torniquetes, más control. Medidas orientadas a mejorar la sensación de seguridad, pero que difícilmente abordan el problema de fondo. Porque la pregunta incómoda sigue ahí: ¿por qué un alumno es capaz de llegar a la escuela con un plan tan elaborado para matar?
Responder a esa pregunta implica mirar más allá del hecho puntual. Vivimos en una sociedad profundamente atravesada por la violencia. Los medios de comunicación la amplifican, pero también se reproduce en nuestras interacciones cotidianas: basta sentirnos vulnerados para reaccionar, elevar el tono, defendernos. Nos sentimos amenazados, anticipamos el conflicto, normalizamos la agresión. En lugar de preguntarnos cómo disminuir la violencia, aprendemos a convivir con ella.
En este sentido, el trabajo de Auyero y Bertí (2015) es particularmente esclarecedor. La violencia no es un evento aislado, sino parte de lo que denomina “cadenas de violencia cotidianas”: una secuencia de exposiciones interconectadas a distintas formas de violencia que se acumulan en la vida social. Violencia estructural, marcada por la desigualdad y la exclusión, donde el Estado no logra garantizar condiciones mínimas de integración. Violencia institucional, expresada en el maltrato burocrático, la indiferencia o el abandono. Violencia interpersonal, presente en la vida doméstica, en los conflictos y en los delitos. Y violencia simbólica, que estigmatiza territorios y personas, produciendo humillaciones persistentes.
Cuando estas violencias se entrelazan, dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte del paisaje cotidiano. La violencia se vuelve esperable, aprendida, incluso justificada. En ese contexto, cabe preguntarse si instalar detectores de metales es realmente una solución o si, por el contrario, constituye otra forma de institucionalizar la desconfianza y la inseguridad dentro de la escuela.
Reducir la violencia es un desafío de largo aliento. No hay soluciones rápidas ni dispositivos capaces de revertir procesos sociales complejos. Implica reconstruir vínculos, trabajar con las comunidades, transformar las formas en que nos relacionamos. Y en ese proceso, la escuela tiene un rol central: no solo como espacio de aprendizaje, sino como lugar de producción de lo común.
Aquí el cuidado aparece como una clave fundamental. No como consigna, sino como principio. Cuidar —desde su raíz vinculada a cogitare— implica pensar en el otro de manera sostenida. Reconocerlo, atenderlo, hacerlo parte. El cuidado abre la posibilidad de una ética de la solidaridad, donde el otro importa y donde la respuesta frente a la violencia no es más violencia, sino más vínculo.
Construir comunidades de cuidado no es ingenuidad, es una forma concreta de resistir la fragmentación social. Supone generar espacios donde se escuche, se acompañe, se contenga. Donde la escuela pueda fortalecer liderazgos, mejorar la cohesión social y ofrecer alternativas reales frente a la violencia.
Pero esto requiere decisiones concretas. El cuidado debe comenzar por el reconocimiento de la labor docente: dotarla de mayor prestigio social, asociado a remuneraciones justas, es un primer paso ineludible. Asimismo, es necesario fortalecer a las escuelas con recursos, equipos de apoyo y herramientas de gestión que les permitan constituirse como núcleos activos dentro de sus comunidades.
Del mismo modo, es clave abrir y legitimar la participación de apoderados, familias y estudiantes. La escuela no puede ser una institución cerrada, sino un espacio compartido donde se construyan formas de convivencia desde la corresponsabilidad.
Necesitamos, en definitiva, reponer una idea básica pero profundamente erosionada: que nos necesitamos los unos a los otros para vivir en sociedad. Volver a la cooperación por sobre la competencia, al vínculo por sobre la sospecha. Porque si seguimos respondiendo a la violencia con más control, corremos el riesgo de perpetuar aquello que buscamos erradicar. Apostar por el cuidado, en cambio, es apostar por la posibilidad —todavía abierta— de recomponer nuestros vínculos sociales.