Las decisiones de este gobierno están pensadas para los más ricos del sector, no para las más de 100.000 familias que viven de la pesca artesanal.
Pesca artesanal.
La semana pasada, la Subsecretaría de Pesca publicó un resumen de lo que ellos llaman "hechos, no palabras". Un balance de gestión que se presenta como la prueba de que este gobierno actúa y no solo discursea. Nosotros también tenemos hechos. Y contados uno por uno, sin adjetivos, y que cuentan una historia distinta a la que el gobierno quiere instalar.
El motivo invocado fue un supuesto "ánimo refundacional". Palabras que, curiosamente, son casi idénticas a las que usaron SONAPESCA y ASIPES durante toda la tramitación de ese mismo proyecto, cada vez que se discutió tocar el fraccionamiento de cuotas o las condiciones bajo las cuales la industria opera desde la Ley Longueira.
No es casualidad: en una publicación en El Mercurio, el propio Subsecretario reconoció que había trabajado para la Sociedad Nacional de Pesca redactándole informes. El mismo funcionario que hoy decide qué proyecto avanza y cuál se retira, escribió ayer los argumentos técnicos de una de las partes interesadas. Hechos, no palabras.
Frente al proyecto que la habilitaría, la Subsecretaría ha dicho que "no es el momento", pero que si los parlamentarios quieren avanzar, a ellos "les parece bien". No es un rechazo. Es una luz verde con freno de tiempo, y también una validación técnica del argumento industrial disfrazada de prudencia.
El arrastre es un método de pesca prohibido desde 2019 para la jibia y precisamente por su impacto sobre la pesca artesanal con potera, de la que dependen más de 8.000 pescadores de forma directa y cerca de 18.000 empleos encadenados, frente a los aproximadamente 1.700 puestos industriales que la propia industria dice haber perdido con esa prohibición. Hechos, no palabras.
Frente a esta demanda histórica, el Subsecretario se ha reunido con solo dos confederaciones -una de ellas, la misma que validó la Ley Longueira en la mesa pesquera de 2012-. Ha dejado fuera a todas las organizaciones que no son afines al gobierno, y ha propuesto un supuesto mecanismo de protección social sin declarar cómo se financiará. Un anuncio sin presupuesto no es una política, es un titular de prensa con fecha de vencimiento. Hechos, no palabras.
La respuesta de la Subsecretaría fue un bono para los armadores artesanales. Quedaron fuera los tripulantes. Quedaron fuera todas las personas que trabajan en la pesca artesanal sin ser dueñas de una embarcación, que son la inmensa mayoría de quienes salen a la mar cada día. La ayuda llegó solo a unos pocos, a quienes ya tienen el activo más valioso del sector: la embarcación. Quien no lo tiene, sigue pagando el mismo combustible más caro sin ningún alivio. Hechos, no palabras.
El patrón se repite. Esta Subsecretaría se ha paseado por todo Chile visitando caletas, tomándose fotos con dirigentes, prometiendo escucha. Pero cada vez que hay una decisión real que tomar —una ley, un proyecto, un beneficio, una mesa de diálogo— el resultado favorece a la pesca industrial y dilata, condiciona o excluye a la pesca artesanal.
Las decisiones de este gobierno están pensadas para los más ricos del sector, no para las más de 100.000 familias que viven de la pesca artesanal. Mientras la industria negocia en privado los términos de cada ley que la regula, la pesca artesanal recibe bonos parciales, mesas incompletas y promesas de plataformas sin financiamiento.
Se puede llamar a esto "gestión". También se le puede llamar por su nombre: protección de los privilegios, con un eslogan nuevo. Hechos, no palabras.
