Dirigentes y gremios del sector acusan conflicto de interés, omisiones en la gestión de la plataforma social y abandono en la defensa de la legislación vigente, advirtiendo que estas decisiones favorecen a la industria en desmedro de los pescadores artesanales.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal encendió las alertas y se declaró en estado de vigilancia luego de las recientes declaraciones del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, cuestionando su rol frente a conflictos que involucran a la industria y al Estado.
La organización, que reúne a trabajadores del mar de todo el país, advirtió sobre una eventual falta de independencia en la autoridad y pidió al Gobierno aclaraciones urgentes.
El punto de mayor controversia surgió tras conocerse que la autoridad reconoció haber elaborado informes para SONAPESCA, principal gremio de las pesqueras industriales.
Para los dirigentes, este antecedente compromete la imparcialidad de su gestión y configura un escenario que califican como una “captura política” de la institucionalidad.
En esa línea, Hernán Cortés, presidente de Condepp y vocero de la Alianza, fue enfático: "es inaceptable que quien debe velar por el interés público reconozca haber sido empleado de quienes hoy pretenden desmantelar los avances logrados. No es coincidencia que el subsecretario utilice términos como 'certeza jurídica' o hable de leyes 'refundacionales'. Es el mismo guión que la industria pesquera ha intentado imponer para proteger sus privilegios obtenidos gracias a la corrupción".
Otro de los cuestionamientos apunta a la decisión de la subsecretaría de no involucrarse directamente en las acciones judiciales iniciadas por el sector industrial contra el Estado, delegando esa tarea en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Desde la Alianza consideran que esta postura implica desentenderse de la defensa de la legislación vigente.
Pascual Aguilera, presidente de Coranor, señaló: "el subsecretario dice que no tiene injerencia, pero lo que realmente está haciendo es pavimentar el camino para que la industria logre indemnizaciones por recursos que nunca les pertenecieron. Hablar de 'expropiación' sobre recursos soberanos del Estado es un insulto a los miles de pescadores que por décadas hemos sido postergados".
Las críticas también se extendieron al manejo de la denominada plataforma social para el sector pesquero artesanal. Según la organización, la autoridad estaría omitiendo información relevante respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto.
En ese contexto, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, afirmó: "el subsecretario miente u omite información clave para favorecer a sus antiguos empleadores. El financiamiento para las mujeres y hombres de mar está en las licitaciones industriales, ese mismo modelo que ellos tanto critican porque les quita el control total del mar. No permitiremos que se use la protección social como moneda de cambio para devolverle el mar a la industria".
