La misma ley que financia la reconstrucción también recorta el margen para corregir decisiones que pueden empujar el próximo desastre. Quizás sería más preciso llamarla Ley de Reconstrucción Recurrente.
La balanza de nieve resulta clave en tiempos de crisis climática, sequía y pronta llegada del Fenómeno de El Niño - Agencia Uno
La lógica del gasto público en prevención climática en Chile está patas arriba; mientras el riesgo aumenta, la inversión en su gestión disminuye. Para ponerlo en perspectiva, esta semana, diez regiones están bajo emergencia preventiva; la megasequía en la zona centro-sur suma cerca de quince años desde 2010; y la última temporada de incendios forestales quemó un 23% más de superficie que la anterior.
No son eventos aislados, sino tendencias ampliamente documentadas por la Dirección General de Aguas, Conaf o el CR2. ¿Si es así, por qué nuestras autoridades siguen reduciendo la inversión precisamente cuando el riesgo es mayor y el costo de reconstruir es más alto que el de prevenir? de reconstruir es más caro que el de prevenir.
Pese al aumento del riesgo climático, la señal presupuestaria apunta en sentido contrario. El presupuesto 2026 reduce en 5% los recursos de Senapred, recorta en 71,2% la inversión en equipamiento y tecnología y disminuye en 16,3% real el programa de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.
A esto se suma el retiro, en marzo, de más de 40 decretos ambientales de la Contraloría —entre ellos la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático —, bajo el argumento de realizar una revisión jurídica habitual al inicio de un nuevo gobierno. Mientras esa revisión se prolonga, instrumentos relevantes para la adaptación permanecen sin entrar en vigor.
Desde la economía política, esta asimetría responde tanto a reglas institucionales como a decisiones políticas. Como el gasto en personal y las transferencias sociales son difíciles de recortar, la inversión pública suele transformarse en la principal variable de ajuste. Así, la prevención acaba pagando el costo de los recortes presupuestarios. Pero esa explicación no basta. El retiro de los decretos de adaptación y la propuesta de eliminar programas de conservación también reflejan una decisión sobre qué funciones del Estado merecen prioridad.
La ecología política incorpora, además, un criterio de justicia. El riesgo climático no afecta a todos por igual. Golpea con mayor fuerza a los territorios más expuestos a la sequía, los incendios forestales y las inundaciones, donde la infraestructura de protección y la capacidad de respuesta suelen ser más limitadas. Como la protección frente al riesgo climático es un bien público, cuando el Estado disminuye este tipo de inversión no existe un actor privado que la sustituya. El efecto es doble. Aumenta la exposición al riesgo y disminuye la capacidad pública para enfrentarlo, profundizando desigualdades territoriales que ya existían.
También existe una disputa por el lenguaje. Presentar la regulación ambiental como "permisología" no es una descripción técnica neutral, sino una forma de definir qué cuenta como un costo y qué se entiende por progreso. Ese marco influye en las prioridades presupuestarias y facilita que la inversión en prevención aparezca como un gasto prescindible, incluso cuando no prevenir resulta mucho más caro.
La Dirección de Presupuestos y el PNUD estiman que Chile necesita invertir, en promedio, unos US$2.150 millones al año para implementar su Estrategia Climática de Largo Plazo. En ese contexto, recortar 334 millones de pesos del programa de adaptación tiene un impacto fiscal prácticamente marginal.
En cambio, el costo de no adaptarse ya se mide en cientos o miles de millones de dólares. Las pérdidas por la megasequía, la desertificación y los eventos extremos superan ampliamente cualquier ahorro presupuestario de corto plazo. Desde un punto de vista económico, el recorte responde a una lógica conocida: pan para hoy, hambre para mañana. Además, al reducir la inversión en adaptación y conservación, aumenta los costos futuros de la transición hacia una economía más resiliente y menos vulnerable al cambio climático.
No hace falta atribuirlo a negligencia. Es el resultado previsible de reglas fiscales que no fueron diseñadas para enfrentar los riesgos actuales, y de un sistema político que incentiva decisiones de corto plazo. La prevención compite con gastos de retorno político inmediato, mientras que sus beneficios se materializan años después ¿qué recortar primero? ¿quién termina pagando ese ahorro? Porque, en este caso, evidentemente lo barato sale caro. Primero lo pagan los territorios más vulnerables y, después, el propio Estado cuando debe financiar la reconstrucción.
Esa reconstrucción ya tiene nombre propio. La Ley de Reconstrucción Nacional, presentada tras los incendios de Ñuble y Biobío, aumenta significativamente los recursos para enfrentar emergencias. Pero también trae letra chica: reduce la carga regulatoria y tributaria acortando —entre otras cosas— tanto el plazo para invalidar permisos sectoriales que, pasado ese margen, el permiso queda blindado así aparezcan después razones de sobra para revisarlo. Todo esto en línea con la agenda de "permisología" que ya había frenado los decretos de adaptación climática. La paradoja es evidente: la misma ley que financia la reconstrucción también recorta el margen para corregir decisiones que pueden empujar el próximo desastre. Quizás sería más preciso llamarla Ley de Reconstrucción Recurrente.
