Seguro que en los próximos días las redes se llenarán de críticas por la aprobación de la llamada mega reforma: esa que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a quienes viven de su trabajo.
Senado de Chile / Agencia Uno
El Senado terminó aprobando una reforma que beneficia a los grandes intereses económicos, mientras el Gobierno celebra la victoria. Y no es para menos: cumplieron con quienes tienen mayor capacidad de influencia. Para sus críticos, esta medida responde a una lógica repetida en la región: debilitar el Estado, reducir su capacidad de acción, aumentar la dependencia del endeudamiento y abrir espacios para privatizar lo que antes era un derecho.
Cuando se recortan protecciones laborales y derechos conquistados durante décadas, el trabajador deja de tener herramientas para defenderse. Y una sociedad donde el trabajo pierde derechos no avanza: simplemente concentra más poder y más riqueza en quienes ya la poseen.
Que el Gobierno haya acelerado el trámite “a como diera lugar”, no es solo llamativo: permite sospechas.
Sospechas que se agrandan con un detalle que pocos advierten: tres senadores con investigaciones abiertas que podrían terminar en desafuero, imputación o condena por corrupción, Camila Flores, Alejandro Kusanovic y Miguel Ángel Calisto, siguen teniendo voto. Justo en esta votación. Justo ahora. ¿Por qué tanto apuro del oficialismo por cerrar el trámite antes de que esos tres queden inhabilitados y el Gobierno pueda quedar en desventaja en el Senado?
El problema de fondo, sin embargo, no son solo esos tres senadores. Es la pregunta que queda flotando después de ellos: ¿hacia dónde está llevando esta reforma al país? ¿A empobrecerlo primero para venderlo después, pieza por pieza, al mejor postor?
No es una ocurrencia aislada. Escuchando con atención el ideario de esta derecha delirante y no solo la que gobierna en Chile, sino la que se ha ido instalando en buena parte de Latinoamérica, empieza a dibujarse una hipótesis que, por incómoda que suene, no está tan lejos de la realidad: empobrecer al país, luego contraer deuda externa y después esperar la oferta de algún multimillonario dispuesto a comprar esa deuda, hipotecando el territorio de paso. Fragmentar ese territorio en parcelas y entregarlo al mejor postor.
Garantizar que los recursos naturales y quienes viven sobre esas parcelas queden bajo el usufructo de quien los adquiere, para después redactar leyes y levantar policías propias que blinden el control absoluto de esos territorios. Bajo ese esquema, la idea de nación o de república se vuelve decorativa: regiones enteras podrían terminar cambiando de nombre y de símbolos patrios, convertidas en algo parecido a un estado privado, con sus propias fronteras y su propio escudo.
¿Le parece muy de ciencia ficción? Pues deje que le cuente que no es tan loco. Para quien quiera mirar, ya vamos camino a eso. Honduras se encarga de mostrar que sí se puede: Nasry Asfura ha dado curso a las ZEDE(Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), territorios con leyes y sistema fiscal propios, al margen del resto del país. La más conocida, Próspera ZEDE, funciona como una “ciudad privada” instalada en la isla de Roatán, financiada en buena parte por empresarios extranjeros y magnates de Silicon Valley, entre ellos el cofundador de PayPal, Peter Thiel.
El mismo Thiel que se da tiempo para reunirse en privado con distintos presidentes de la región, sin que trascienda el fondo de las conversaciones ni qué se planea. En Chile, Kast tuvo que reconocer, después de negarlo, que se había reunido en secreto con él. Cuál es el objetivo final probablemente lo sabremos cuando ya no tenga remedio, pero todo apunta en la misma dirección: intervenir, someter y dejar a la ciudadanía fuera de decisiones que se cocinan en privado mientras se avanza en la apropiación silenciosa de los Estados y de todo lo que hay dentro de ellos.
En nombre de la libertad, convertida ya en una palabra hueca, en un eslogan de campaña y casi prisionera de sí misma, llegan al poder estos personajes, ganando elecciones que convendría mirar con más atención de la que se les suele dedicar. Porque la pregunta no es solo qué hacen una vez en el poder, sino cuán limpios fueron los procesos que los llevaron ahí.
Colombia es un buen espejo: el presidente Gustavo Petro denunció que el escrutinio de la última segunda vuelta habría sido intervenido mediante un software vulnerado, apuntando a una empresa de inteligencia israelí y a un servidor con IP en Los Ángeles. Si bien nada de esto ha sido confirmado, la duda queda flotando. Perú corre una suerte parecida, con la transparencia de su propio proceso electoral puesta en entredicho. La democracia, en la región, empieza a parecerse a esos contratos que nadie lee antes de firmar.
Las ideas políticas rara vez nacen solas en un escritorio. Nacen de equipos técnicos que se copian entre sí y de gobiernos que van a mirar, en terreno ajeno, lo que consideran un éxito replicable. Con esa premisa resulta difícil pasar por alto que Jorge Quiroz y otros integrantes del equipo económico chileno viajaron a Buenos Aires a reunirse con el gobierno de Javier Milei, justo antes de que la megarreforma empezara a tomar forma, en la primera visita de Kast como presidente electo.
Ese viaje tuvo como propósito conocer de primera fuente la experiencia argentina en reformas económicas, la llamada Ley Base. Y cuando se comparan los contenidos de ambas propuestas, las coincidencias dejan de ser casualidad para convertirse en patrón: desregulación económica, achicamiento del Estado, fortalecimiento de la inversión privada, flexibilización normativa y una fe casi religiosa en que el mercado, no el Estado, debe conducir el desarrollo. La megarreforma chilena repite, casi al calco, esos mismos ejes.
Establecer parecidos no equivale a probar una relación de causa y efecto, y sería absurdo atribuírsela en exclusiva al adicto al clonazepam de Milei esto. Pero sería igual de ingenuo pensar que un encuentro de ese nivel, en ese momento, no dejó huella. Quizás la pregunta correcta no sea si la reforma nació en Buenos Aires, eso no se puede probar, sino cuánto de la experiencia argentina terminó convertida en el espejo donde Chile decidió mirarse.
Cuando Margaret Atwood publicó El cuento de la criada en 1985, seguramente pensaba que estaba escribiendo ciencia ficción. Es una distopía, podría aser, pero también funciona como espejo de teologías y mecanismos de control social que ya existieron y que, a juzgar por el rumbo que llevamos, podrían volver a existir sin necesidad de inventar nada nuevo. La diferencia entre la novela y las noticias es que hay una realidad que se asemeja mucho a esa ficción.
Por eso, cuando me animo a hablar de un Plan Cóndor 2.0, no estoy pensando en que se resuciten policías políticas ni en que se vuelva a desaparecer a quienes se opongan, que podría pasar, claro está. Me refiero a otra cosa: a planes que se comparten y se ejecutan en bloque en la región. Es cosa de ver el plan de Bukele, lo que se ejecuta en Ecuador con Noboa, los planteamientos de Abelardo de la Espriella en Colombia, que dice que replicará las medidas de Argentina, o la propia Keiko Fujimori en Perú, que ve con buenos ojos lo que está dándose en la región. La pregunta ya no es si hay coordinación: es a qué velocidad avanza y hasta dónde piensa llegar.
