Diversas organizaciones ambientales manifestaron su rechazo a las modificaciones incorporadas a la megarreforma Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social (Boletín N°18.216-05), argumentando que la iniciativa facilitaría la expansión de la industria salmonera en los mares australes de Chile mediante cambios a las reglas de evaluación ambiental.
La declaración fue firmada por entidades como Greenpeace, Oceana, Fundación Terram, Campaña Salvemos la Patagonia, Observatorio Ciudadano, ONG FIMA, Chile Sustentable y ONG Pesca Sustentable, entre otras agrupaciones, quienes señalaron que las modificaciones representarían un debilitamiento de la institucionalidad ambiental y de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el país.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha analizado indicaciones relacionadas con el proyecto, incluyendo normas sobre relocalización de concesiones acuícolas y la incorporación del concepto de “micro-relocalizaciones”, definido para desplazamientos que no superen los 350 metros respecto del área original.
Críticas a la flexibilización ambiental para la salmonicultura
Las organizaciones sostienen que la propuesta permitiría que concesiones salmoneras puedan desplazarse hacia nuevos sectores sin enfrentar una evaluación ambiental equivalente a la exigida para nuevos proyectos, lo que, según plantean, podría aumentar los impactos sobre ecosistemas marinos frágiles.
Uno de los principales puntos de preocupación es la figura de las “micro-relocalizaciones” de concesiones acuícolas, ya que las organizaciones advierten que un desplazamiento de 350 metros en zonas como fiordos y canales de la Patagonia puede significar operar en ambientes con condiciones distintas de profundidad, corrientes marinas, biodiversidad y capacidad de carga ambiental.
Según las agrupaciones firmantes, la medida podría trasladar actividades productivas hacia áreas que actualmente presentan mejores condiciones ecológicas, sin resolver los impactos acumulados generados por la actividad salmonera en los lugares donde operaban originalmente.
Organizaciones alertan por efectos en áreas protegidas y biodiversidad marina
La declaración también cuestiona la relación entre las modificaciones propuestas y la protección de áreas de alto valor ambiental. Las organizaciones señalan que los cambios podrían permitir movimientos de concesiones dentro de zonas protegidas, incluso cuando no existan instrumentos de manejo aprobados para esos territorios.
Las agrupaciones argumentan que esta situación podría entrar en tensión con los objetivos de conservación establecidos por la Ley N°21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), debido a la necesidad de resguardar ecosistemas considerados estratégicos para la biodiversidad.
Otro punto destacado por las organizaciones es que, según sus antecedentes, el 79% de las concesiones que buscan relocalizarse fueron entregadas a perpetuidad, lo que significa que no cuentan con un plazo límite de operación bajo el régimen actual.
Cuestionamientos al historial ambiental de la industria salmonera
Las entidades ambientales sostuvieron que la discusión legislativa ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos previos a la actividad salmonera, incluyendo denuncias, procesos sancionatorios y conflictos asociados al cumplimiento de regulaciones ambientales.
Entre los antecedentes mencionados por las organizaciones se encuentran investigaciones sobre eventuales producciones salmoneras sin evaluación ambiental, procedimientos iniciados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra empresas del sector y controversias judiciales relacionadas con acceso a información ambiental y protección de áreas marinas.
Las agrupaciones afirmaron que flexibilizar los requisitos para la expansión de concesiones podría profundizar problemas ambientales vinculados a contaminación del fondo marino, alteraciones de ecosistemas y escapes de especies introducidas, como el salmón, que pueden interactuar con especies nativas.