La moción, que modifica el artículo 119 del Código Sanitario, fue presentada el 25 de junio por diputados del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Renovación Nacional. En este contexto, El Desconcierto conversó con la senadora Claudia Pascual (PC), quien fue la primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género del país entre 2016 y 2018 y, desde esa cartera, impulsó y firmó la Ley 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales —riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal letal y violación— tras un debate parlamentario de más de dos años, promulgada el 14 de septiembre de 2017.
En ese sentido, Pascual sostiene que un aspecto fundante de esa ley es el consentimiento informado, entendido como información para una decisión libre y no como una herramienta de persuasión. "Hay que respetar que cada niña, adolescente o mujer pueda tomar esa decisión según su propia convicción, credo o forma de ver el mundo", asegura.
Sin fundamento médico -¿Cómo podría cambiar este proyecto el modelo de acompañamiento no disuasivo que se logró en la tramitación de la ley original?
Este proyecto de ley obliga al médico a informar sobre la actividad cardíaca y a hacerla escuchar, sin que exista claridad sobre cuál es su fin médico y cuál su fin informativo. Como no tiene fundamento médico ni de procedimiento, lo que busca es afectar negativamente el consentimiento, para que no sea libre.
En el caso de niñas y adolescentes que han sido violadas, y que muchas veces no logran comprender a cabalidad la situación que vivieron, esto es un trato bastante cruel y degradante. No es una moción que busque perfeccionar el acompañamiento ni otorgar más prestaciones de psicólogos, psiquiatras o de acompañamiento ginecobstétrico: está vinculada a la persuasión.
-Los autores del proyecto dicen que responde a una forma de garantizar que la mujer aborte informada.
No le vemos la justificación médica de los procedimientos. En las miles de intervenciones a las que se somete cotidianamente a la población, dudo que los médicos obliguen a sus pacientes a escuchar algo para poder tomar una decisión.
Defender la ley vigente frente a una nueva objeción de conciencia
-Usted fue la ministra que impulsó y promulgó esta ley. ¿Cuál es su compromiso hoy, como parlamentaria, frente a la legislación vigente?
Mi voluntad como parlamentaria es defender la legislación vigente y seguir garantizando el derecho a decidir de forma informada y con prestaciones de salud seguras, tanto para quienes optan por mantener el embarazo como para quienes deciden interrumpirlo dentro de las tres causales.
Defender la ley vigente frente a una nueva objeción de conciencia
-¿Este proyecto podría suponer una suerte de objeción de conciencia institucional?
Me parece contradictorio, independiente de la valoración personal que cada uno tenga sobre si un médico o una médica debería o no tener objeción de conciencia individual. Yo no comparto la objeción de conciencia institucional. Incluso en la tramitación final, en el Tribunal Constitucional, se modificó el artículo correspondiente de forma sui géneris: donde decía que las instituciones "no podrá" tener objeción de conciencia, se borró el "no" y quedó que "podrá" haberla. Este proyecto, en cambio, obliga al médico a entregar una información que no es estrictamente médica, lo que va en contra incluso de esa objeción de conciencia individual que la propia Ley 21.030 buscaba resguardar.
-¿Es la primera vez que este debate se ve acompañado de este tipo de distorsiones en la discusión pública?
Durante la tramitación tuvimos que conversar varias veces con medios de comunicación para pedirles que, al abordar el debate, no usaran solo imágenes de embarazadas a término como respaldo, cuando hablamos de una interrupción voluntaria del embarazo que ocurre hasta las doce semanas. Este proyecto lamentablemente vuelve a traer esas mismas distorsiones a la discusión pública.
¿Un boicot del oficialismo?
-¿Cree que este proyecto es un intento implícito del oficialismo por boicotear, de alguna forma, la ley de aborto en tres causales?
Eso tendría que contestarlo el oficialismo, y en particular quienes impulsan la moción. Lo que sí puedo decir es que esta es una ley que se terminó de tramitar al final del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se mantuvo durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera —con algunos cambios al reglamento de acompañamiento— y bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric se hicieron actualizaciones en materia de potestad reglamentaria. Llevamos, entonces, más de dos gobiernos con esta legislación vigente y no he visto ninguna de las situaciones que se anunciaban cuando se tramitaba: no se ha derrumbado el país ni hay filas de mujeres en los hospitales pidiendo estas prestaciones.
-Si esos escenarios no se cumplieron, ¿Cuáles son los desafíos reales que ha tenido la implementación de la ley?
En estos diez años hemos visto que persisten dificultades para implementar al cien por ciento el espíritu de la ley. Por eso me gustaría que esto se fortaleciera y se permitiera operar como corresponde. La legislación garantiza la objeción de conciencia individual para el personal médico, pero me preocuparía que en la salud pública terciaria no se garantizara la existencia de equipos no objetores en cada hospital: no que se obligue a nadie a dejar de ser objetor, sino que exista una suerte de turno ético no objetor, para que no ocurra que una mujer no encuentre esa prestación en ningún centro médico cercano, algo que, por los plazos acotados de algunas causales, puede ser vital.
-Los autores del proyecto citaron como referencia las legislaciones de Hungría y de algunos estados de Estados Unidos, y organizaciones feministas trazaron paralelos con la coalición de Vox y el PP en Castilla y León. ¿Cómo evalúa esa influencia de modelos conservadores internacionales en el debate legislativo chileno?
En materias tan complejas, que remiten a convicciones personales, a formas de ver el mundo y a creencias —algunas religiosas y otras laicas—, es muy difícil que el Estado imponga una única decisión. Me parece paradójico que algunos sectores del actual oficialismo enarbolen la bandera de la libertad en ciertos ámbitos y, en otros, la de la obligatoriedad de seguir determinados preceptos.
-¿Qué rol cumple ahí, entonces, el carácter laico del Estado chileno?
Nuestro país sigue siendo un Estado laico, que garantiza la convivencia de la diversidad de creencias y credos religiosos, y que no impone a otros un prisma distinto al suyo. Cuando se asume lo que ocurre en otros países sin considerar la propia tradición chilena en esta materia, lo que se hace es correr el eje del debate: desde la supuesta libertad que dicen defender hacia la imposición de una sola visión, que es exactamente lo contrario de la libertad.
-Vivimos en un Estado laico, pero la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, tiene un credo religioso particular, y usted calificó su designación como tremendamente preocupante en su momento. Frente a este proyecto en específico, que no está patrocinado por el Gobierno, ¿qué esperaría que hiciera la ministra?
Esperaría que el Gobierno no lo patrocinara, y que fuera coherente con lo que la propia ministra ha declarado: que no tiene pensado modificar la Ley 21.030 porque es un tema zanjado. Incluso la diputada Sara Concha, que también tiene un credo particular, dijo que es decisión de la mujer si quiere o no escuchar los latidos, y discrepa en ese punto del proyecto.
-¿Cómo evalúa las posibilidades de avance de esta moción, considerando la correlación de fuerzas en el actual Congreso, entendiendo que hay diputados de Chile Vamos, como Ximena Ossandón, que también la apoyan?
Prefiero no hacer futurología ni jugar a ninguna apuesta sobre eso. Lo que sí esperaría es que el Gobierno no participe de esta moción y que no siga adelante, porque, lejos de hacerle bien al país, a las niñas, adolescentes y mujeres, va a ser muy perjudicial. Tampoco creo que aporte al clima político actual en el Parlamento, que ya no está en su mejor momento: al contrario, creo que lo tensionaría aún más.
