Cuando un vínculo patrimonial ya fue cuestionado públicamente y aun así vuelve a omitirse, cuesta seguir hablando de simple descuido.
El presidente José Antonio Kast encabeza firma del Acuerdo Marco de Cooperación que acelera el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, junto a los ministerios de Justicia, Seguridad y Obras Públicas. Créditos: Agencia Uno.
De acuerdo al medio Interferencia, la primera Declaración de Intereses y Patrimoniopresentada por José Antonio Kast como presidente de la República revela una fortuna empresarial de enormes dimensiones. El documento exhibe un entramado societario superior a los $5.200 millones, administrado principalmente a través de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada, sociedad matriz cuyo valor libro supera los $4.855 millones.
Desde allí, la familia controla once inmuebles distribuidos entre Buin y Las Condes, derechos de aprovechamiento de aguas en la Región Metropolitana, fondos mutuos internacionales, acciones bancarias y nuevas sociedades creadas en enero de 2025.
Todo aparece cuidadosamente declarado. Todo, salvo aquello que políticamente resulta más incómodo... El Colegio Campanario de Buin. Esa omisión, aunque técnicamente defendible, resulta devastadora desde el punto de vista ético y político.
El Colegio Campanario pertenece a la Sociedad Educacional Campanario S.A., ligada históricamente a la familia Kast desde 1998 y vinculada al movimiento católico de Schoenstatt. La sociedad controladora de Kast —Padua— posee participación directa en este establecimiento educacional privado emplazado en Alto Jahuel, una de las zonas más exclusivas de Buin. Hasta hace pocos meses, el directorio incluía a María Pía Adriasola, esposa del mandatario, y a su hijo Nicolás Kast Adriasola.
Sin embargo, el colegio no aparece mencionado en la declaración presidencial.
No es un olvido aislado. Ya había ocurrido durante la campaña presidencial de 2025, cuando Kast tampoco declaró el establecimiento en su declaración de intereses como candidato. Tampoco lo hizo su hijo, José Antonio Kast Adriasola, pese a figurar como accionista. El vínculo solo se reconoció públicamente después de que el medio Interferencia expusiera la relación patrimonial en septiembre de 2025. Aun así, ya instalado en La Moneda, la omisión volvió a repetirse.
La normativa no obliga a transparentar los activos que pertenecen a las sociedades declaradas. Legalmente, Kast puede sostener que cumplió. Pero precisamente ahí emerge el núcleo del problema: la diferencia entre legalidad y probidad.
Norberto Bobbio sostenía que la democracia auténtica exige que el poder actúe bajo el principio de publicidad: aquello que afecta el interés público debe exponerse a la vista de todos. Cuando las élites políticas empiezan a refugiarse en tecnicismos para administrar qué se muestra y qué se oculta, la transparencia deja de ser una convicción republicana y pasa a convertirse en un ejercicio de cálculo estratégico.
Kast fue diputado entre 2002 y 2018 e integró activamente la Comisión de Educación de la Cámara. Durante ese período presentó 14 mociones, 5 indicaciones, 14 proyectos de acuerdo, 45 intervenciones y 63 peticiones de oficio relacionadas con materias educacionales. Todo mientras era propietario de un colegio privado que jamás transparentó públicamente.
No se trata únicamente de patrimonio, se trata de un conflicto de interés potencial. Se trata de la posibilidad de que un legislador participe activamente en políticas públicas vinculadas a un sector donde mantiene intereses económicos familiares directos. Y precisamente por eso la omisión no puede reducirse a una discusión técnica. Más aún cuando el propio Colegio Campanario reportó utilidades cercanas a $180 millones en 2021.
Además de Padua, la declaración incorpora tres nuevas sociedades por acciones creadas en enero de 2025: Cimientos SpA, Desafíos SpA y Horizonte SpA, que en conjunto suman otros $354 millones en valor libro. A ello se agregan 421.022 acciones del Banco de Chile valorizadas en aproximadamente $72 millones, un APV en AFP Provida cercano a $35 millones, fondos mutuos internacionales y diversos inmuebles. No existe deuda declarada.
La imagen que emerge es la de una élite económica familiar altamente profesionalizada en la administración patrimonial, extremadamente cuidadosa en el uso de estructuras jurídicas y notablemente precisa respecto de aquello que decide transparentar y de aquello que no.
Zygmunt Bauman advertía que las élites contemporáneas ya no necesitan ocultarse completamente; les basta con volver incomprensible la arquitectura del poder económico.
La familia Kast ha construido su identidad política sobre una retórica de superioridad moral, orden republicano y crítica permanente a los privilegios de las élites tradicionales.
Cuando un vínculo patrimonial ya fue cuestionado públicamente y aun así vuelve a omitirse, cuesta seguir hablando de simple descuido. Empieza a parecer una decisión deliberada de administrar la visibilidad pública del patrimonio familiar. La política no vive solamente de legalidad. Vive de confianza.
Cuando un mandatario construye una gigantesca arquitectura patrimonial de más de $5.200 millones mientras administra cuidadosamente qué vínculos económicos mostrar y cuáles mantener fuera del foco público, lo que comienza a evaporarse no es únicamente su imagen personal, es la credibilidad misma del discurso moral que dice sostener.
