Cuando hablamos de deepfakes solemos imaginar videos falsos de políticos diciendo cosas que nunca dijeron, y esos existen, claro, pero el grueso del fenómeno es otro y tiene rostro de mujer. Según cifras recogidas por ONU Mujeres, el 98% de los videos ultrafalsos que circulan en internet corresponde a pornografía no consentida, el 99% de las personas que aparecen en esos videos son mujeres, y el volumen de este contenido creció un 550% entre 2019 y 2023. Es violencia de género a escala industrial, producida con herramientas gratuitas que no exigen ningún conocimiento técnico y distribuida por plataformas que lucran con la circulación de ese material.
Frente a esto, el Congreso tramita una moción presentada en agosto de 2025 por parlamentarias y parlamentarios del Frente Amplio, encabezados por Gael Yeomans, que ya cuenta con primer informe de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El proyecto consagra algo que nuestra legislación no tiene, el derecho a la integridad digital, entendido como el derecho de cada persona a controlar el uso de su imagen, su cuerpo y su voz frente a las imitaciones generadas por inteligencia artificial u otras tecnologías. Establece consentimiento previo y revocable, un canal de retiro rápido de contenidos, sanciones administrativas y civiles, y entrega la fiscalización a la Agencia de Protección de Datos Personales.
Seamos honestas, el proyecto tiene aspectos mejorables. Organizaciones de sociedad civil han advertido que el mecanismo de notificación y retiro sin intervención judicial podría prestarse para silenciar críticas legítimas a figuras públicas, y esa es una tensión real que la discusión en particular debe resolver con mejor técnica legislativa, distinguiendo con claridad la sátira, la parodia y el escrutinio político del daño deliberado. Pero nada de eso es insalvable ni justifica frenar la tramitación, porque son ajustes que se hacen indicando, no archivando.
Y hay algo en este proyecto que pareciera ser el corazón del asunto y que ha pasado extrañamente desapercibido. El texto obliga a las plataformas digitales a designar un representante legal en Chile. Puede sonar a detalle administrativo, pero es probablemente el avance más significativo que contiene, porque hoy nuestra legislación tiene un déficit brutal en esta materia.
Las grandes empresas tecnológicas operan en Chile, captan usuarios chilenos, venden publicidad sobre audiencias chilenas y monetizan contenidos que dañan a personas chilenas, pero cuando una víctima quiere reclamar se encuentra con que no hay ante quién hacerlo, porque la empresa no tiene domicilio acá, las notificaciones judiciales se pierden en casillas de California o Irlanda y el proceso se vuelve una carrera de obstáculos diseñada para que la gente desista. Que las plataformas tengan que responder en territorio nacional, con un representante identificable y sujeto a sanciones que van de 5.000 a 10.000 UTM cuando incumplen sus deberes, es traer al mundo digital algo tan básico como que quien hace negocios en Chile responde en Chile.
Por eso resulta tan preocupante que el actual Ejecutivo le haya quitado la urgencia al proyecto. El gobierno llegó hablando de seguridad como prioridad absoluta, y sin embargo cuando la inseguridad tiene forma de violencia digital contra mujeres, cuando se trata de exigirle cuentas a empresas transnacionales, la urgencia desaparece de la tabla. Uno se pregunta si la seguridad que importa es solo la que se resuelve con zanjas y uniformes, o si también cuenta la de la profesora, la dirigenta o la adolescente cuya cara aparece un día montada en un video pornográfico que ella nunca consintió y que ninguna plataforma se apura en bajar.
Que quede claro, la responsabilidad individual existe y el proyecto la contempla. Quien crea o difunde un deepfake sabiendo que es falso debe responder civil y penalmente, y está bien que así sea. Pero quedarse ahí es contar la mitad de la historia, porque estos contenidos no se viralizan solos. Se viralizan porque hay arquitecturas de recomendación que los amplifican, modelos de negocio que premian lo escandaloso y empresas que durante años han externalizado el costo del daño hacia las víctimas mientras internalizan las ganancias.
Pedirle a una mujer que persiga uno por uno a los usuarios anónimos que replican su imagen es condenarla a no reparar nunca, mientras la plataforma que aloja, distribuye y rentabiliza ese contenido mira desde el palco. La cadena de responsabilidad tiene que incluir a quien construye y administra el canal, no solo a quien aprieta el botón.
Chile puede ser pionero en la región en esta materia, y sería una pena que esa oportunidad se pierda por desidia o, peor, por deferencia hacia los intereses de las grandes tecnológicas. El proyecto merece discusión seria, posibles indicaciones en su segundo trámite que lo perfeccionen y una tramitación con la urgencia que merecen las víctimas, que ya no pueden seguir esperando.
