En las últimas discusiones públicas sobre desarrollo y reconstrucción ha emergido una narrativa inquietante: la idea de que la naturaleza —árboles, humedales, incluso anfibios— se ha transformado en un obstáculo para el progreso, y quienes la defienden en extremistas. No se trata solo de frases desafortunadas, sino de un marco discursivo que instala falsos antagonismos y simplifica problemas complejos.
Antes incluso de asumir funciones, ya se insinuaba la existencia de enemigos ambientales. En una declaración ampliamente difundida, se afirmaba que “los bosques entran a la zona urbana” y que estos provocaban mayor riesgo de incendios, invirtiendo una realidad ampliamente documentada. La evidencia científica muestra lo contrario: es la expansión urbana la que históricamente ha reemplazado ecosistemas.
De acuerdo con estudios de la Universidad de La Frontera, Chile perdió cerca de 800.000 hectáreas de bosque nativo entre 1975 y 2020, una superficie equivalente a cuatro veces el Gran Santiago. Este dato no es menor: habla de un país que, lejos de ser invadido por la naturaleza, ha reducido sistemáticamente sus ecosistemas.
La misma lógica se observa cuando se plantea una supuesta dicotomía entre árboles y personas. “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas”, dijo el ministro Iván Poduje en un seminario de reconstrucción. Pero la pregunta es inevitable: ¿en qué caso concreto un árbol ha impedido un proceso de reconstrucción?
La literatura internacional sobre gestión de desastres, desde Naciones Unidas hasta el Banco Mundial, apunta exactamente en sentido contrario: la infraestructura verde —bosques urbanos, humedales, suelos permeables— es clave para reducir riesgos, mitigar inundaciones y acelerar la recuperación de las ciudades.
Un caso emblemático es el de Nueva York tras el huracán Sandy, donde la planificación posterior incorporó soluciones basadas en la naturaleza, como parques inundables y restauración de humedales costeros. En América Latina, Medellín ha avanzado en corredores verdes urbanos que reducen temperaturas y mejoran la calidad de vida, demostrando que naturaleza y desarrollo no solo son compatibles, sino interdependientes.
En Chile, el debate ha llegado incluso a los anfibios. La caricatura de los “pirigüines” invadiendo tranques de riego instala la idea de especies problemáticas, cuando la evidencia indica lo contrario: el 56% de los anfibios nativos está en categoría de amenaza, según el propio Ministerio del Medio Ambiente. Lejos de ser invasores, son indicadores críticos de la salud de los ecosistemas. Su desaparición no libera espacio para el desarrollo; al contrario, debilita servicios ecosistémicos fundamentales como la regulación hídrica y el control de plagas.
Detrás de esta narrativa subyace un concepto que ha ganado terreno: la llamada “permisología”. Sin duda, Chile enfrenta desafíos reales en la tramitación de proyectos, con tiempos que muchas veces superan los estándares deseables. Sin embargo, reducir el problema a la existencia de regulaciones ambientales es, nuevamente, una simplificación. El caso del Instituto Nacional del Cáncer es probablemente un ícono de la “permisología”, donde supuestos corredores biológicos para arañas pospusieron los procesos de tratamiento de personas con cáncer.
Nuevamente, el relato puso a un lado a los enfermos de cáncer y en el otro a las arañas, cuando la realidad es otra: ninguna araña atrasó el proceso, que de hecho fue más rápido que otros de similar envergadura, y las principales observaciones estuvieron asociadas a consideraciones patrimoniales. Atribuir la demora a las arañas no solo es inexacto, sino que distrae del verdadero desafío: modernizar la gestión pública sin debilitar la protección ambiental.
La evidencia económica también es clara. El Foro Económico Mundial ha estimado que más del 50% del PIB global depende de la naturaleza. En Chile, estudios del Ministerio de Hacienda advierten que más del 40% de las empresas enfrenta riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad. La naturaleza no es un lujo ni un obstáculo: es la base productiva de sectores como la agricultura, la minería, la pesca, el turismo y la energía.
El problema, entonces, no es la existencia de normas ambientales, ni mucho menos de árboles o ranas. El problema es la construcción de un relato que enfrenta artificialmente desarrollo y naturaleza, instalando la idea de que avanzar requiere eliminar lo que nos sustenta. Esa construcción no es inocua: orienta decisiones, legitima políticas y redefine prioridades.
Frente a esto, hay dos caminos. El primero es asumir que se trata de desconocimiento, lo que se corrige con mejor información, evidencia científica y diálogo técnico. El segundo, más complejo, es reconocer una estrategia discursiva que busca debilitar ciertos estándares para acelerar decisiones, aun a costa de riesgos mayores en el mediano plazo.
En ambos casos, la respuesta debe ser la misma: elevar el nivel del debate. Chile necesita mejorar sus procesos de evaluación, reducir incertidumbres y acelerar proyectos estratégicos. Pero eso no se logrará declarando enemigos a los árboles o a las ranas o a las arañas, sino integrando de mejor manera la variable ambiental en la planificación del desarrollo.
Porque, en definitiva, no existe desarrollo posible en territorios degradados, sin agua, sin biodiversidad y sin capacidad de adaptación al cambio climático. Y en ese marco, la política pública tiene un desafío mayor: dejar de construir antagonismos artificiales y comenzar a construir soluciones reales.
Como Gobierno de Santiago tenemos una mirada completamente distinta, ponemos la protección de la Naturaleza a la base del modelo de desarrollo regional. O, en palabras del gobernador Claudio Orrego: “Recuperar la ciudad para las personas y la naturaleza para la ciudad”, porque si, ambas se relaciones íntimamente.
La naturaleza no se opone al desarrollo, por el contrario, no podemos prescindir de ella para persistir en este mundo. No hay nada más nacional que nuestro territorio, y nada más patriota que cuidarlo.