Chile enfrenta este escenario con una doble exigencia: adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder competitividad y, al mismo tiempo, enfrentar desigualdad, precarización laboral, inseguridad económica y desconfianza institucional
Durante décadas, Estados Unidos fue observado como una referencia, imperfecta pero relativamente estable, de institucionalidad democrática, desarrollo económico y liderazgo global. Hoy asistimos a la erosión de esa imagen y a una crisis política, cultural e institucional que trasciende sus fronteras.
La polarización extrema, el debilitamiento de los consensos democráticos y el ascenso de liderazgos populistas han convertido a la principal potencia mundial en un actor impredecible. Lo que ocurre en Washington ya no es sólo un asunto interno, sino la expresión de un cambio de época.
Zygmunt Bauman describió nuestra era como una “modernidad líquida”, marcada por vínculos frágiles, certezas volátiles y dificultad para construir proyectos colectivos. Esa descripción hoy se refleja en la geopolítica: alianzas transaccionales, diplomacia coyuntural y debilitamiento del multilateralismo.
América Latina tampoco escapa a este fenómeno. El avance de proyectos de ultraderecha expresa el agotamiento de modelos tradicionales y la frustración frente a la inseguridad, la corrupción, la desigualdad y el abandono estatal. Sin embargo, muchas de estas propuestas ofrecen respuestas simples a problemas complejos, debilitando el diálogo social, las organizaciones intermedias y una visión solidaria de la sociedad.
A este escenario se suma la inteligencia artificial, probablemente la mayor revolución tecnológica desde la electrificación e Internet. Sus beneficios son enormes: mayor productividad, descubrimientos científicos, optimización de procesos, democratización del conocimiento y nuevas oportunidades económicas. Pero también plantea riesgos inéditos. Millones de trabajadores enfrentan la automatización de tareas antes consideradas exclusivamente humanas, mientras profesiones altamente calificadas observan con inquietud el avance de sistemas capaces de redactar, programar, analizar, diseñar o diagnosticar.
Existe además una dimensión menos debatida: la guerra digital. La misma tecnología puede manipular información, influir en elecciones, profundizar la vigilancia y amplificar conflictos. Paradójicamente, mientras el mundo discute productividad e inteligencia artificial, casi no debate proyectos sociolaborales capaces de ofrecer un horizonte de futuro.
Las grandes transformaciones laborales del siglo XX fueron acompañadas por derechos colectivos: negociación colectiva, seguridad social, salud ocupacional, organización sindical y políticas de inclusión. Hoy predominan los discursos sobre competitividad e innovación, mientras se habla mucho menos de democracia en el trabajo, participación de los trabajadores, redistribución de los beneficios de la productividad y fortalecimiento de la protección social.
Chile enfrenta este escenario con una doble exigencia: adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder competitividad y, al mismo tiempo, enfrentar desigualdad, precarización laboral, inseguridad económica y desconfianza institucional.
La cuestión no es si la inteligencia artificial transformará el trabajo; eso ya ocurre. Tampoco si la globalización seguirá modificando el empleo. La verdadera pregunta es quién capturará los beneficios de esas transformaciones. Si quedan concentrados en pocos actores, aumentarán la desigualdad y la conflictividad; si se redistribuyen mediante mejores salarios, reducción de jornadas, capacitación continua, participación efectiva y nuevas formas de protección social, la tecnología podrá convertirse en un motor de progreso compartido.
Este debate adquiere especial relevancia ante las orientaciones laborales que comienzan a discutirse en Chile: ampliar la flexibilidad de las jornadas mediante períodos de cálculo más extensos; reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio por cuentas individuales; ampliar las causales de despido por necesidades de la empresa; revisar aspectos de la Ley Karin para reducir la judicialización y profundizar mecanismos de flexibilidad contractual.
Sus defensores sostienen que estas medidas crearían empleo y aumentarían la competitividad. Sus críticos advierten que podrían trasladar riesgos desde las empresas hacia los trabajadores, debilitando la estabilidad laboral, el poder negociador y derechos construidos durante décadas.
En un contexto de automatización acelerada e incertidumbre global, flexibilizar el despido y reducir la protección puede profundizar precisamente aquello que hoy genera mayor malestar: la inseguridad laboral.
El desafío no consiste en elegir entre crecimiento económico y derechos laborales, sino en construir instituciones que compatibilicen productividad, innovación y seguridad. La experiencia comparada demuestra que las economías más competitivas no son las menos reguladas, sino aquellas capaces de combinar mercados dinámicos con protección social, capacitación permanente, diálogo social y confianza institucional.
Chile necesita volver a discutir qué significa trabajo digno en el siglo XXI. Ninguna inteligencia artificial, algoritmo o liderazgo providencial podrá reemplazar aquello que históricamente ha permitido construir sociedades más justas: la capacidad de las personas para organizarse, dialogar y definir colectivamente el futuro que desean habitar.