Las preemergencias se acumulan. Las enfermedades respiratorias aumentan. Y el gobierno que debería actuar para proteger a la población eligió, en su primer día, retirar una norma diseñada precisamente para reducir esos riesgos
Contaminación del aire en Santiago.
Foto: Agencia UNO.El inicio del invierno ya dejó clara una cosa: en Santiago estamos respirando peor que el año pasado. Y eso no es una sensación ni una exageración. Los datos muestran que la calidad del aire en la Región Metropolitana ha empeorado, y que sus efectos en la salud ya se están sintiendo.
Mientras eso ocurre, el gobierno de José Antonio Kast tomó una decisión que agrava directamente este problema, y que afecta a millones de personas.
Los números son claros. Hasta el 17 de junio de 2026, la Región Metropolitana acumulaba 12 alertas ambientales y 6 preemergencias. En el mismo período de 2025, los episodios críticos fueron bastante menores: junio apenas llevaba una preemergencia a mitad de mes.
Pero el problema no es solo que haya más episodios. El problema es que, debido al retiro de decretos medio ambientales en marzo, el número de casos están siendo subestimados. ¿Por qué? Porque hoy estamos midiendo la contaminación con estándares que la propia evidencia científica ya había demostrado insuficientes.
Durante cuatro años, el gobierno de Gabriel Boric trabajó en actualizar la norma de calidad del aire para MP2,5, el contaminante más peligroso para la salud. Son partículas tan pequeñas que penetran profundamente en los pulmones, llegan a los alveolos y aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muerte prematura. En Chile se les atribuyen cerca de 4.500 muertes al año.
Ese proceso no fue improvisado. Incluyó mesas técnicas, participación ciudadana, análisis económicos, aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y se envió a Contraloría para toma de razón. La conclusión fue contundente: había que endurecer la norma.
La actualización de la norma de 2011 reducía los umbrales para declarar alerta y preemergencia, significaba activar antes las restricciones vehiculares, limitar el uso de leña y frenar actividades industriales contaminantes, es decir, proteger antes a la población. Pero eso no ocurrió.
El 12 de marzo de 2026, el mismo día en que asumió Kast, el subsecretario de Medio Ambiente retiró de Contraloría 43 decretos que estaban en tramitación. Entre ellos estaba la nueva norma de MP2,5.
Desde entonces, la consecuencia es concreta: Santiago enfrenta este invierno con reglas antiguas, menos exigentes y menos protectoras. Eso significa que varios días que oficialmente fueron catalogados solo como “alerta” habrían sido considerados “preemergencia” bajo la norma nueva. Incluso jornadas especialmente críticas podrían haber gatillado una emergencia ambiental.
Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque declarar menos episodios no hace que el aire esté menos contaminado. Solo hace que el Estado reaccione menos.
Significa que hay días en que adultos mayores, niños o personas con enfermedades respiratorias no reciben advertencias oportunas. Significa menos fiscalización a fuentes contaminantes. Significa hospitales menos preparados para anticipar aumentos de consultas.
En otras palabras: el problema sigue ahí, pero la respuesta institucional se reduce.
Según el último informe del Instituto de Salud Pública de Chile, en la semana epidemiológica 24 de 2026 —correspondiente al 14 al 20 de junio— se analizaron 4.894 casos de virus respiratorios, de los cuales 2.609 resultaron positivos, alcanzando una positividad del 53,3%.
La comparación con 2025 es preocupante: en la misma semana del año pasado hubo 1.796 casos positivos. Eso significa un aumento de 45,3%.
Algunos virus muestran alzas todavía más fuertes. La Influenza A pasó de 454 a 824 casos en una semana equivalente: un aumento del 81%. Pero el dato más alarmante es la Influenza B: de apenas 7 casos en la Semana 24 de 2025 a 665 casos en 2026. Un aumento de 9.400%. El ISP califica este comportamiento como inusual, tanto en temporada como en magnitud. El grupo más afectado son niños y adolescentes entre 5 y 14 años.
Que Influenza A e Influenza B circulen simultáneamente con esta intensidad es un escenario epidemiológico excepcional. No es el patrón habitual. Y ocurre precisamente en el año en que se retiraron los instrumentos regulatorios diseñados para reducir la carga viral del invierno.
La relación entre contaminación y enfermedades respiratorias no es una teoría ni una intuición.
La ciencia lleva años mostrando que el MP2,5 daña las defensas naturales del sistema respiratorio. Inflama tejidos, deteriora la barrera pulmonar y facilita infecciones virales. Cuando suben los peaks de contaminación, suelen aumentar días después las hospitalizaciones por influenza y virus respiratorio sincicial.
Los peaks de contaminación registrados a fines de mayo coinciden exactamente con la ventana temporal previa al aumento de casos que hoy muestran los reportes sanitarios.
Eso sugiere algo difícil de ignorar: decisiones regulatorias tomadas en marzo pueden estar teniendo consecuencias sanitarias medibles en junio. No hablamos de burocracia. Hablamos de salud pública.
Especialistas han advertido que una norma de calidad del aire no puede quedar congelada durante meses cuando su objetivo es prevenir daño sanitario inmediato. Ya han pasado más de cien días.
Las preemergencias se acumulan. Las enfermedades respiratorias aumentan. Y el gobierno que debería actuar para proteger a la población eligió, en su primer día, retirar una norma diseñada precisamente para reducir esos riesgos.
Luego de 100 días, lo que se siente, es mayor contaminación, más enfermedades respiratorias, y menos recursos en salud.