La crisis climática constituye el mayor desafío político, económico y ético del siglo XXI.
Durante años, el negacionismo climático buscó instalar una idea tan simple como falsa: que el cambio climático no existe o que responde únicamente a ciclos naturales del planeta. Esa narrativa hoy resulta imposible de sostener. Los récords de temperatura, las sequías prolongadas, los incendios forestales de gran magnitud, el retroceso de los glaciares, las inundaciones y la pérdida acelerada de biodiversidad constituyen una evidencia irrefutable.
Evidencia que convocará a miles de personas esta semana en Chile, durante el encuentro de “Climate Reality ”, fundación presidida por el ex vice presidente de Estados Unidos, Al Gore, justamente para enfrentar el negacionismo climático.
Sin embargo, lejos de desaparecer, el negacionismo ha cambiado de forma. Ya no pretende negar la crisis climática, sino que busca relativizar la evidencia científica, restarle urgencia como amenaza y desacreditar las políticas públicas destinadas a enfrentarla.
Esta nueva estrategia de relativizar la crisis climática, representa un riesgo aún mayor para las democracias, pues cuestiona el valor de la evidencia científica como fundamento para las decisiones de políticas públicas, además promueve la idea de que los consensos sobre la ocurrencia del calentamiento global, construido tras medio siglo de investigaciones y que dieron origen a la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, firmada en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, (es decir hace 34 años), pueden equipararse a opiniones o intereses políticos de algunos sectores.
Cuando eso ocurre, la ciencia deja de ser considerada un bien público y pasa a transformarse en un obstáculo para proyectos económicos o ideológicos que buscan mantener un modelo de desarrollo altamente dependiente de los combustibles fósiles y de la sobreexplotación y colapso de los ecosistemas.
Lo que hoy observamos en distintos países gobernados por este tipo de ideologías, incluido Chile, responde precisamente a esa lógica. La reducción de presupuestos para investigación climática, el debilitamiento de organismos ambientales, la eliminación de sistemas de monitoreo y la desarticulación de capacidades estatales para anticipar y prevenir desastres no son decisiones administrativas aisladas.
Forman parte de una estrategia política que busca disminuir el rol del Estado (cuya función es resguardar el interés público) precisamente cuando la crisis climática exige mayor capacidad institucional, y más investigación científica para mejores políticas de mitigación y adaptación a los cambios climáticos.
La evidencia demuestra que contar con sistemas de monitoreo atmosférico, oceanográfico e hidrológico permite anticipar eventos extremos, proteger infraestructura crítica, reducir pérdidas económicas y, sobre todo, salvar vidas. Debilitar esas capacidades significa aumentar deliberadamente la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y los megaincendios, cuya intensidad y frecuencia seguirán creciendo durante las próximas décadas.
En ese contexto, resulta especialmente preocupante la normalización de discursos que presentan la regulación ambiental como un freno al desarrollo económico. Esa dicotomía es falsa. No existe crecimiento posible en territorios donde escasea el agua, aumentan los incendios forestales, colapsan los ecosistemas y se deterioran las condiciones sanitarias de la población. La verdadera tensión y discusión no es entre economía y medio ambiente. Sino, sobre qué modelo económico puede sostenerse dentro de los límites ecológicos del planeta y garantizar el bienestar para las generaciones presentes y futuras.
Chile constituye uno de los países más vulnerables a la crisis climática. La megasequía, el retroceso acelerado de los glaciares, la desertificación, la erosión costera y la creciente ocurrencia de incendios forestales muestran que el cambio climático ya no pertenece al futuro; sino que es el presente. Los cambios climáticos están redefiniendo los territorios, comprometiendo la seguridad hídrica, afectando la producción de alimentos y profundizando desigualdades sociales que golpean con mayor fuerza a las comunidades y países más vulnerables.
Por ello, relativizar la evidencia científica y los consensos políticos para hacerse cargo de dicha evidencia, no constituye una diferencia legítima de opinión. Constituye una desinformación irresponsable y un factor de riesgo para la seguridad de la población. El consenso alcanzado por miles de investigadores de todo el mundo, expresado en los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático( IPCC, por sus siglas en inglés) confirma inequívocamente que el calentamiento global es consecuencia de la actividad humana y que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una condición indispensable para limitar sus impactos.
La discusión democrática y políticamente responsable entonces, debe centrarse en cómo acelerar la descarbonización e implementar una transición ecológica justa. Cómo fortalecer la resiliencia de los territorios y cómo distribuir equitativamente los costos y beneficios de esa transformación. Lo que no podemos aceptar es que se utilice campañas de desinformación para retrasar las decisiones que la evidencia científica considera urgentes. La historia reciente ha demostrado que postergar la acción climática siempre resulta más costoso que prevenir y actuar oportunamente.
En ese escenario, fortalecer la institucionalidad ambiental deja de ser una opción programática de un sector político o del gobierno de turno, sino que debe transformarse en una política de Estado. Chile avanzó, mediante la Ley Marco de Cambio Climático de 2022 en el fortalecimiento de la acción climática territorial y en la implementación del Acuerdo de Escazú, que reconoce el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental como pilares de una gobernanza democrática que no debe retroceder.
Hoy la pregunta ya no es si debemos actuar o no. La evidencia científica respondió a esa interrogante hace muchos años. La verdadera pregunta es si tendremos la responsabilidad política de hacerlo antes de que los costos de la inacción sean irreversibles.
La crisis climática constituye el mayor desafío político, económico y ético del siglo XXI. Enfrentarla exige fortalecer la ciencia, proteger la institucionalidad ambiental, acelerar la transición energética y avanzar hacia un modelo de desarrollo que reconozca los límites ecológicos del planeta.
Continuar relativizando la evidencia sólo posterga soluciones, incrementa los riesgos y costos sociales y económicos y profundiza la vulnerabilidad de quienes ya sufren con mayor intensidad las sequías, incendios, inundaciones y otros fenómenos extremos. El clima está cambiando más rápido que nuestra capacidad de respuesta. Esa es una evidencia que se puede negar, pero hoy no existen divergencias.