La crisis climática se transforma en una cara más de la desigualdad. Miles de personas enfrentan el frío en la calle en una ciudad que aún no aborda las causas estructurales.
La llegada del fenómeno de El Niño aún no trae consigo la ansiada lluvia, sin embargo, si el frío. Esta semana Santiago iniciará sus días con temperaturas bajo cero. Como cada invierno, se activará el “Código Azul” para enfrentar esta temperatura extrema. Se despliegan operativos, se abren albergues y se contienen urgencias.
Es una respuesta necesaria, pero también profundamente reveladora: reaccionamos cuando la vida está en riesgo inmediato, pero evitamos sistemáticamente la pregunta de fondo. ¿Por qué hay personas viviendo en la calle en una ciudad como esta, y qué pasa con ellos en estos eventos climáticos intensos?
En parte, porque es una realidad que preferimos no ver. Y cuando se invisibiliza, tampoco se mide con claridad ni se gobierna con eficacia.
La situación de calle se ha naturalizado en el paisaje urbano: está en veredas, bajo puentes y en plazas, pero sigue ausente del diagnóstico estructural. Sin información integrada, el problema se fragmenta y pierde urgencia política. Aun así, las cifras disponibles son elocuentes: en Chile hay 20.306 personas en situación de calle, y solo en Santiago, 7.586 personas viven hoy sin un lugar donde resguardarse.
No se trata solo de un problema de magnitud, sino de profundidad. Casi la mitad tiene más de 50 años, más de un tercio presenta enfermedades crónicas y la gran mayoría son hombres. Pero esa mayoría esconde otra vulnerabilidad: las mujeres que viven en la calle enfrentan mayores riesgos de violencia y abuso, una realidad persistente que sigue siendo insuficientemente abordada.
A esto se suma una dimensión crítica que el Estado aún no logra integrar de forma suficiente: la salud mental y las adicciones. Más de la mitad presenta consumo problemático de alcohol y un tercio consume pasta base. Un estudio regional identificó que cerca del 90% de las personas atendidas requiere atención psicológica o psiquiátrica.
La situación de calle, entonces, no es una elección individual ni un accidente biográfico: es la consecuencia acumulada de fallas del sistema —públicas, institucionales y familiares— que llega tarde o simplemente no llega.
En este escenario, la crisis climática no hace más que agravar esa falla existente. Mientras discutimos sobre resiliencia, eficiencia energética e infraestructura verde, miles de personas enfrentan directamente el frío y el calor sin ninguna protección. Para quienes viven en la calle, una noche bajo cero es una experiencia límite, donde la diferencia entre vivir o morir se define en horas.
Y, sin embargo, esta dimensión sigue fuera de la planificación y de las decisiones estructurales. Seguimos actuando como si el problema fuera contingente, aplicando protocolos y emergencia, o bien eliminando rucos como si eso fuera a dar resultado. Es, en términos simples, limpiar el agua derramada sin cerrar la llave. No existe una articulación real entre infraestructura urbana, salud mental y servicios sociales que permita abordar el fenómeno en su complejidad.
Sin embargo, hay experiencias que muestran que otro camino es posible. El Programa Ribera del Río Mapocho del Gobierno de Santiago lo muestra: Se atendió a 157 personas en situación de calle entorno al río, se entregaron más de 8.000 prestaciones y 71 de ellas dejaron la pernoctación crónica en la ribera.
Más aún, el 81,5% salió de la calle o permanece en procesos activos de acompañamiento. No se trata de cifras menores: es evidencia concreta de que el problema no solo es gestionable, sino reversible cuando hay decisión política, enfoque territorial y continuidad.
El desafío, entonces, no es solo diagnosticar mejor, sino actuar distinto. Implica pasar de dispositivos de emergencia a sistemas permanentes, fortalecer de manera decidida la salud mental y el abordaje de adicciones, y construir mecanismos reales de seguimiento que acompañen trayectorias completas, no solo episodios críticos. Pero, sobre todo, implica asumir que esta es una responsabilidad estructural del Estado: avanzar hacia una política nacional de situación de calle, articulada con gobiernos regionales y municipios, que deje atrás la fragmentación actual.
Porque, en definitiva, la situación de calle no es solo un problema social: es una medida de la altura moral y política de la ciudad que habitamos. Y en ese sentido, la conclusión deja de ser técnica para volverse inevitable: Gobernar no es solo administrar lo urgente, sino hacerse cargo de lo estructural.