El siglo XXI no recordará a quienes pronunciaron los mejores discursos sobre el cambio climático. Recordará a quienes fueron capaces de asegurar algo mucho más básico, que las familias siguieran llevando el pan a la mesa.
Hay momentos en que una crisis cambia de nombre. Durante años llamamos "cambio climático" a un fenómeno que parecía ocurrir lejos de la vida cotidiana: glaciares que retrocedían, incendios forestales, sequías prolongadas o conferencias internacionales que parecían hablar siempre del año 2050. Pero esa etapa terminó.
El cambio climático dejó de vivirse únicamente en los bosques o en los informes científicos, está a diario en la dificultad de un agricultor para producir, en la incertidumbre de una cosecha y en el presupuesto de millones de hogares que destinan cada vez más ingresos a algo tan básico como alimentarse. Llegó al carro del supermercado, está en el precio del pan, huevos, frutas y de la leche.
No es casualidad que, según una reciente encuesta de Cheaf Chile, el 92% de las personas declare estar altamente preocupada por el costo de la comida. Tampoco sorprende si consideramos que, de acuerdo con el IPC del INE, los alimentos acumulan un alza cercana al 40% entre junio de 2021 y junio de 2026. El cambio climático dejó de ser una preocupación exclusiva de científicos y ambientalistas el día en que comenzó a sentirse fuerte al ir al supermercado o la verdulería del barrio.
Y, sin embargo, una parte importante del progresismo chileno sigue enfrentando esta crisis como si se tratara únicamente de una agenda ambiental. Ese diagnóstico ya no basta. La gran disputa política de las próximas décadas no será solamente por el clima. Será por quién garantiza el agua, los alimentos y la capacidad de producirlos en un mundo cada vez más inestable.
No se trata de una intuición ni de una alarma aislada. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) viene advirtiendo desde hace años que la creciente concentración de la producción, la dependencia de cadenas logísticas globales y la pérdida de diversidad están reduciendo la resiliencia del sistema alimentario mundial.
En esas condiciones, una guerra, una sequía o una crisis comercial ya no son necesariamente la causa del problema: pueden convertirse en el detonante de un efecto dominó que termine repercutiendo en el precio de los alimentos y en la seguridad alimentaria de millones de personas. Aquí el progresismo tiene una autocrítica pendiente.
Durante décadas discutimos (y con razón) cómo distribuir mejor la riqueza. Pero hablamos mucho menos en cómo producirla regenerando las condiciones socioecológicas que la hacen posible. El desafío del siglo XXI ya no consiste únicamente en repartir mejor; sino en producir mucho mejor.
Existe una verdad incómoda que deberíamos asumir con mayor claridad, con la naturaleza no existen posiciones intermedias. Los ecosistemas se restauran o continúan degradándose, los suelos recuperan fertilidad o la pierden, las cuencas se protegen o se agotan. La neutralidad, en la práctica, siempre favorece el deterioro. No basta con declararse defensor del medio ambiente; la verdadera diferencia está en transformar los sistemas productivos que hoy erosionan las bases mismas de nuestra supervivencia.
Por eso la soberanía alimentaria dejó de ser una consigna sectorial para convertirse en una cuestión de seguridad nacional, justicia social y democracia. Un país que pierde la capacidad de producir una parte significativa de sus alimentos también pierde autonomía para decidir su futuro.
Pero ninguna transformación de esta magnitud ocurrirá únicamente desde el Estado.
La política tampoco puede agotarse en estudios de televisión, podcasts, redes sociales o declaraciones oportunas. Un proyecto transformador se construye recorriendo las ferias libres, escuchando a campesinos, creando cooperativas y sindicatos, reviviendo juntas de vecinos, fortaleciendo comunidades indígenas, organizaciones ambientales y centros de innovación. La política recupera legitimidad cuando vuelve a embarrarse los zapatos.
Si la derecha sigue ofreciendo respuestas individualistas frente a problemas colectivos, el progresismo debe volver a construir poder social, para poder restaurar ecosistemas, fortalecer la producción de alimentos, preparar a las comunidades frente a la crisis climática y recuperar el vínculo entre la política y los territorios.
Porque el gran conflicto político de las próximas décadas no será entre quienes crean o no en el cambio climático. Será entre las sociedades que fueron capaces de garantizar agua, alimentos y territorios resilientes, y aquellas que descubrieron demasiado tarde que la verdadera crisis nunca fue solamente climática, sino alimentaria.
El siglo XXI no recordará a quienes pronunciaron los mejores discursos sobre el cambio climático. Recordará a quienes fueron capaces de asegurar algo mucho más básico, que las familias siguieran llevando el pan a la mesa.
