Los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) correspondiente al periodo de abril-mayo de 2026 expusieron tendencias ya habituales y sin mayores novedades en lo relativo a la aprobación gubernamental y la contingencia económica. No obstante, un examen minucioso a los apartados sobre conflictividad social devela una realidad soslayada por las corrientes que dan por superada la estructura de clases en el análisis político contemporáneo.
Resulta paradójico, aunque estrictamente consecuente con la condición material de sus financistas, que el CEP el oráculo más prestigioso de la derecha —sustentado por el gran empresariado— focalice su atención en una variable de profunda matriz de clase: el conflicto social.
Al analizar la evidencia cuantitativa, los datos son categóricos respecto a la alta percepción de conflictividad en el país. En primer lugar, en el eje que tensiona a "la gente pobre y la gente rica", un 72,3% de los encuestados identifica la existencia de conflictos determinantes, desglosados en un 31% de conflictividad "muy fuerte" y un 41,3% "fuerte". Esta tendencia se replica en el ámbito de la producción: en la categoría "empresarios y trabajadores", el 64,6% de la población percibe una fricción aguda, concentrando un 18,8% en el tramo "muy fuerte" y un 45,8% en el "fuerte".
Asimismo, la dimensión identitaria y de soberanía laboral arroja cifras preocupantes: un 79,9% de los consultados advierte un conflicto duro entre "chilenos e inmigrantes" (39,6% muy fuerte y 40,3% fuerte). Finalmente, la polarización institucional alcanza su cúspide en el antagonismo entre " personas de derecha y de izquierda", donde la percepción de conflicto escala al 85,4%, subdividida en un 49,0% de intensidad "muy fuerte" y un 36,4% "fuerte".
Este panorama empírico nos obliga a formular una interrogante medular: ¿está el sistema político-económico actual resolviendo el conflicto social en Chile? La respuesta preliminar parece ser negativa.
Las causales subyacentes a este estancamiento se estructuran en cuatro variables críticas: Desigualdad distributiva, existe una tensión directa entre ricos y pobres explicada por la disparidad en los ingresos; Precarización y valor del trabajo, la retribución económica mediante el salario no da cuenta de la justeza del esfuerzo laboral realizado, profundizando la fractura entre trabajadores y empresarios; Disputa por el empleo, se reconoce un conflicto latente donde la población local percibe que la fuerza laboral inmigrante desplaza sus puestos de trabajo, y finalmente, la Ineficacia de la intermediación política, aunque el conflicto en la esfera política formal es alto y expresa la fricción entre posiciones conservadoras y progresistas, este es incapaz de resolver ni absorber las demandas socioeconómicas de las bases sociales.
Chile se encuentra, por lo tanto, en un estado de tensión estructural. Cuando la gran mayoría de la población internaliza que el conflicto sociopolítico es elevado y las instituciones fallan en canalizarlo, la sociedad avanza a escenarios de movilización inexorablemente.
La república debe prepararse; las demandas por justicia e integración social emergerán de manera inapelable. Llegado ese punto, las elites tradicionales no podrán argumentar ignorancia ni sorprenderse ante los acontecimientos. Ante este diagnóstico, se vuelve imperativo iniciar el diseño y la deliberación de un acuerdo sociopolítico que permita ir resolviendo las urgencias que el pueblo de Chile le demanda a la república.
