La deuda también puede convertirse en una forma de poder.
La banca no necesita votos. No gana elecciones, no pone ministros, no ocupa escaños y no necesita convencer a nadie de que sus candidatos son los mejores. Le basta algo mucho más sencillo: que alguien necesite dinero.
Nos pasamos la vida mirando el poder donde tiene rostro, en La Moneda, en el Congreso, en los tribunales y en los partidos políticos. Discutimos ministros, parlamentarios, jueces y presidentes, los defendemos, los criticamos, los elegimos y después nos quejamos de ellos. Pero existe otro poder que casi nunca entra en la conversación ciudadana: el poder de quienes tienen el dinero cuando los demás necesitan pedirlo.
Y ahí aparece Jorge Quiroz, sentado sobre la billetera fiscal y defendiendo un Presupuesto 2027 que contempla una autorización de endeudamiento de hasta US$25.000 millones. Para ser rigurosos, el ministro sostiene que una parte importante corresponde a refinanciar obligaciones existentes y que el aumento neto sería bastante menor.
Perfecto. Pero esa explicación técnica no resuelve la pregunta política, apenas la desplaza. Porque refinanciar deuda significa seguir endeudados. Una obligación vence y el Estado vuelve a buscar dinero para pagarla. Puede cambiar el papel, el acreedor, la tasa o el plazo, pero la obligación sigue existiendo. Y aquí está lo que algunos parecen querer esconder detrás de una planilla Excel: la deuda pública es una forma de comprometer el futuro.
Quien firma hoy no necesariamente será quien pague mañana. Y eso debería importar mucho más que la discusión semántica sobre si son US$25.000 millones nuevos o una cifra menor de endeudamiento efectivo. El problema no desaparece porque le cambiemos el nombre. El Gobierno puede sostener que la deuda sigue dentro de parámetros prudentes y que las cuentas son sostenibles. Muy bien. Pero estar debajo de un límite no convierte automáticamente en buena idea acercarse a él. Una cosa es administrar una deuda y otra muy distinta es acostumbrarse a vivir de ella.
¿Qué ocurre cuando un Estado comienza a necesitar permanentemente financiamiento? ¿Quién termina comprando sus bonos? ¿Quién posee esos papeles? ¿Qué sucede cuando una parte creciente de nuestras obligaciones queda en manos de actores financieros que no fueron elegidos por nadie?
No hace falta imaginar una conspiración mundial ni un multimillonario escondido en una bóveda esperando comprar Chile. El mecanismo puede ser mucho más sencillo: el Estado necesita dinero, alguien se lo presta, el Estado promete devolverlo con intereses y esos títulos pueden cambiar de manos y terminar en bancos, fondos de inversión, aseguradoras u otros inversionistas. Y entonces ocurre algo que deberíamos entender de una vez: el acreedor adquiere una posición de poder frente al deudor.
No necesariamente hablamos de poder político directo. Nadie necesita llamar al Presidente y decirle qué ley debe aprobar. Basta con que el costo de financiarse aumente, que el mercado considere que el riesgo es mayor o que refinanciar las obligaciones resulte más caro. El gobierno seguirá teniendo bandera, Congreso, tribunales y elecciones, pero su margen de maniobra puede comenzar a achicarse. La soberanía política puede permanecer intacta mientras la autonomía económica comienza a estrecharse. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser simplemente cuánto debemos y empieza a ser cuánto podemos decidir sin mirar primero las condiciones de quienes están dispuestos a prestarnos.
Por eso resulta peligroso pensar que podemos reducir determinadas capacidades públicas y, al mismo tiempo, seguir resolviendo los problemas mediante deuda. Una sociedad puede terminar reduciendo su capacidad de generar recursos mientras aumenta sus obligaciones financieras. No estoy diciendo que exista una conspiración para empobrecer Chile, aunque pareciera que sí, y después entregarlo a los acreedores. Estoy exponiendo algo bastante más elemental: si un país reduce su capacidad de generar ingresos y aumenta progresivamente su dependencia del crédito, está construyendo un problema que no desaparece porque Hacienda lo bautice como responsabilidad fiscal.
Porque después viene la segunda generación del problema. La deuda se paga con impuestos futuros, crecimiento futuro y presupuestos futuros. Hoy decide un ministro, mañana paga otro gobierno y pasado mañana puede terminar pagando alguien que todavía ni siquiera ha nacido. Y aquí aparece la pregunta que casi nadie quiere formular: ¿a quién le debemos? Porque la deuda no es una cifra abstracta. Tiene propietarios, tiene acreedores y puede cambiar de manos. Lo que hoy está repartido entre distintos inversionistas mañana podría concentrarse en actores con una capacidad financiera extraordinariamente superior a la de cualquier ciudadano común.
Imaginemos, como hipótesis, un Peter Thiel actor financiero con muchísimo dinero, poder y una cantidad significativa de deuda chilena en su cartera. No necesitaría comprar La Moneda ni poner un candidato. Le bastaría con poseer suficientes instrumentos de deuda como para convertirse en alguien imposible de ignorar. Y ahí la pregunta deja de ser cuánto debe Chile y pasa a ser cuánto puede decidir Chile sin mirar primero quién tiene sus papeles.
Ese es el debate que deberíamos estar teniendo cuando hablamos de los US$25.000 millones. No se trata de decir que toda deuda es mala. Los Estados necesitan financiarse y refinanciarse. El problema aparece cuando el endeudamiento se convierte en una forma habitual de administrar las consecuencias de decisiones que nadie quiere pagar hoy. Porque pedir prestado resuelve el presente con una condición sencilla: alguien tendrá que pagar el futuro.
Y ese alguien puede estar trabajando dentro de veinte años, pagando impuestos, financiando su vivienda, educando a sus hijos y preguntándose por qué una parte de sus ingresos debe destinarse a pagar obligaciones que otros contrajeron décadas antes. Esa es la verdadera dimensión política de la deuda: no solamente cuánto dinero conseguimos hoy, sino cuánto espacio de decisión estamos quitándole a quienes vienen después.
La banca no necesita votos. Los fondos tampoco. Los acreedores no necesitan campañas ni banderas. Necesitan que nosotros necesitemos su dinero. Y mientras nosotros discutimos ministros, parlamentarios y peleas partidarias, hay una pregunta bastante más grande sobre nuestras cabezas: ¿cuánto futuro estamos dispuestos a hipotecar para resolver el presente?
Porque un país no pierde su soberanía solamente cuando otro Estado lo invade. También puede comenzar a perder margen de decisión cuando descubre que demasiadas de sus decisiones futuras ya tienen acreedor. Y por eso la banca no necesita votos. Le basta con esperar que nosotros firmemos.
