Fiscalía revisará advertencias de Sernageomin, obras de mitigación pendientes y eventuales incumplimientos en la prevención del aluvión.
Aluvión en Las Condes aún no tiene responsables - Agencia Uno
La Fiscalía Metropolitana Oriente investigará las eventuales responsabilidades penales por el aluvión en Las Condes, el jueves 8 de octubre. Las primeras diligencias buscarán establecer qué autoridades recibieron advertencias técnicas sobre el riesgo, qué medidas adoptaron y si las obras pendientes habrían permitido mitigar los daños en la zona de San Carlos de Apoquindo.
El fiscal adjunto Manuel Zará confirmó que la causa se centra preliminarmente en un eventual cuasidelito de lesiones, sin descartar cambios en la calificación jurídica a medida que avance la investigación. La emergencia dejó seis personas heridas y más de 2.000 viviendas con distintos niveles de afectación.
Uno de los principales objetivos de la investigación será establecer quiénes recibieron formalmente los informes preventivos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y qué hicieron los organismos competentes con esos antecedentes.
Según explicó Zará a Cooperativa, entre los documentos que se revisarán figura una advertencia emitida en febrero, después de un aluvión de menor magnitud ocurrido a fines de enero.
La indagatoria también abarcará las mallas de contención que no estaban instaladas, las labores de limpieza de quebradas, los proyectos de mitigación pendientes y el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana.
El Ministerio Público deberá establecer qué obligaciones de prevención correspondían a las autoridades involucradas y si existieron incumplimientos que puedan tener consecuencias penales. La existencia de advertencias previas, por sí sola, no determina la responsabilidad de una persona o institución.
La investigación considera la Ley 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. En ese marco, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) están entre los organismos cuyas competencias serán examinadas.
El fiscal confirmó que se citará a declarar a las autoridades relacionadas con las obligaciones normativas de evacuación y drenaje de aguas lluvias en el Gran Santiago.
Las diligencias deberán precisar qué responsabilidades correspondían a cada organismo, qué medidas estaban contempladas y si hubo incumplimientos vinculados con los daños provocados por el aluvión.
La Fiscalía recurrirá a peritajes técnicos para determinar si las obras pendientes habrían permitido disminuir las consecuencias del aluvión. Entre las alternativas que se analizarán están las piscinas de decantación, estructuras destinadas a retener parte del material arrastrado por el agua.
Los especialistas también deberán evaluar si los sistemas de alerta habrían permitido advertir oportunamente a la población y si esas medidas habrían sido efectivas ante la rapidez con que se desarrolló la emergencia.
El objetivo será determinar si las obras o acciones preventivas disponibles podían reducir el impacto del fenómeno. Esa evaluación será parte de los antecedentes necesarios para establecer eventuales responsabilidades, sin dar por hecho que una medida específica habría evitado los daños.
El riesgo no se limita a Las Condes. El geólogo Cristián Salazar, director de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor, advirtió sobre ocho quebradas de la precordillera de Santiago con potencial de generar aluviones, ubicadas en el tramo comprendido entre los ríos Mapocho y Maipo.
En el análisis publicado por el portal Puente Alto Al Día, el especialista mencionó sectores como San Carlos de Apoquindo, Aguas de Ramón, Lo Cañas y la quebrada de Macul.
Salazar señaló que las lluvias intensas concentradas en períodos breves y una isoterma cero elevada pueden favorecer la activación de estos cauces y el desplazamiento de agua, barro, sedimentos y rocas.
El geólogo también planteó la necesidad de revisar las medidas de mitigación, incorporar las amenazas naturales a la planificación territorial y fortalecer la capacidad de anticipación con la adquisición por parte del Estado de los solicitados radares meteorológicos.
