Las aproximadamente 200 mil hectáreas de bosque nativo sustituidas no debieron sustituirse y eso no debe repetirse. La pregunta ahora es qué hacemos con los terrenos erosionados que todavía existen.
Imagen referencial sobre bosque nativo - Agencia Uno
En una columna publicada recientemente en este medio se presentó al DL 701 como una política que reemplazó bosque nativo por plantaciones. Que durante la expansión forestal hubo sustitución es indiscutible. No corresponde justificarla y una futura política debe impedir que vuelva a ocurrir. Pero ese hecho no explica por sí solo un proceso histórico mucho más amplio.
En 1974 Chile tenía del orden de 300 a 400 mil hectáreas de plantaciones. Actualmente, INFOR sitúa esa superficie en alrededor de 2,3 millones. Diversas publicaciones y antecedentes del sector público estiman en torno a 200 mil hectáreas el bosque nativo sustituido por plantaciones. Equivale aproximadamente al 10% del aumento desde 1974. Cerca del 90% no se explica por sustitución de bosque nativo.
¿Qué ocurrió en la abrumadora mayoría de esas superficies? Durante siglos, extensas áreas perdieron su cubierta forestal por tala y quema para agricultura y ganadería. Muchos suelos terminaron erosionados, degradados y abandonados. En gran parte del territorio posteriormente forestado, la secuencia fue: bosque original → tala y quema → agricultura o ganadería → erosión y degradación → abandono → forestación.
La forestación permitió restablecer una cubierta vegetal permanente, reducir procesos erosivos, incorporar materia orgánica, capturar CO y transformar terrenos de baja productividad en un recurso renovable. Esto no justifica la sustitución de bosque nativo; incorpora una parte esencial de la historia que suele omitirse.
También se olvida que el DL 701 cambió. En 1998 se orientó especialmente hacia pequeños propietarios y hacia la protección y recuperación de suelos. Al terminar las bonificaciones, la forestación nueva cayó desde 20.396 hectáreas en 2011 y 17.511 en 2012 a 6.609 en 2013 y apenas 1.425 en 2018. Chile siguió reforestando después de las cosechas; prácticamente desapareció la incorporación de nuevos terrenos.
Por eso, un nuevo fomento debiera tener una condición básica: las especies no nativas solo podrían recibir bonificación cuando se establezcan en suelos con algún grado de erosión, dado que el control de la erosión requiere establecer rápidamente una cubierta vegetal protectora, para lo cual las especies de rápido crecimiento presentan ventajas. No se trata de incentivar plantaciones sobre cualquier terreno, sino de utilizar recursos públicos para recuperar suelos degradados mediante una cubierta vegetal permanente.
Las especies nativas debieran recibir incentivos mayores, considerando sus mayores costos y plazos de establecimiento, sin estar sujetas a esa restricción de suelo. Pero incentivar no es imponer. El Estado debe fijar las condiciones para acceder al fomento; son los propietarios, con apoyo técnico profesional, quienes deben decidir qué plantar y cómo manejar sus bosques.
El instrumento debiera dirigirse prioritariamente a pequeños y medianos propietarios e incentivar rotaciones largas, favoreciendo madera sólida y productos de larga vida útil, que mantienen carbono almacenado durante décadas. El propietario tiene que querer plantar: si el incentivo no compensa costos, riesgos y largos plazos, simplemente no habrá nuevas plantaciones.
Una plantación productiva tampoco pretende reemplazar ni imitar un bosque nativo. En un terreno erosionado, la comparación ambiental pertinente es con la condición anterior, no con un bosque nativo maduro inexistente en ese sitio. Tampoco un monocultivo es ambientalmente negativo por definición. Nueva Zelanda y Australia llevan cerca de un siglo cultivando pino radiata, principalmente en plantaciones monoespecíficas, y mantienen ese modelo, perfeccionándolo mediante genética, silvicultura y manejo.
Un nuevo fomento debiera permitir soluciones adaptadas a cada territorio. El DL 701 permitió establecer del orden de 60 mil hectáreas de Atriplex en Coquimbo, protegiendo suelos áridos y generando forraje para la ganadería caprina. Ojalá podamos repetir experiencias de ese tipo.
Finalmente, la gente también importa. La actividad forestal genera trabajo en establecimiento, manejo, prevención de incendios, cosecha, transporte y servicios. En sectores rurales, una política forestal debe considerar también qué oportunidades genera.
Las aproximadamente 200 mil hectáreas de bosque nativo sustituidas no debieron sustituirse y eso no debe repetirse. La pregunta ahora es qué hacemos con los terrenos erosionados que todavía existen.
Un nuevo fomento debiera ser claro: las especies no nativas solo se bonifican cuando se establecen en suelos con algún grado de erosión, mientras las especies nativas pueden ser fomentadas sin esa restricción. Se trata de plantar la especie adecuada, manejarla correctamente y conseguir protección del suelo, captura de carbono, producción de madera y oportunidades para las comunidades rurales.
