Hay proyectos de ley que buscan resolver problemas. Otros, en cambio, buscan instalar un relato. El denominado proyecto "Escucha tu corazón" pertenece a esta segunda categoría. No pretende mejorar el acceso ni la calidad en salud, sino incorporar una nueva barrera para mujeres y niñas que deciden interrumpir un embarazo en las tres causales legales, especialmente en el caso de violación.
La iniciativa obliga a que la mujer escuche los latidos del embrión o feto antes del procedimiento. Sus impulsores la justifican apelando a la “humanidad”, por el resguardo del nasciturus, y a que la mujer “cuente con toda la información” antes de abortar.
Sin embargo, el consentimiento informado no consiste en exponer deliberadamente a una mujer a estímulos emocionales para influir en una decisión que ya ha adoptado. La autonomía solo existe cuando las decisiones se toman libres de coerción, manipulación y presiones, tal como lo ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Comité CEDAW.
¿Qué libertad existe cuando el propio Estado diseña un procedimiento para revertir una decisión libremente adoptada por una mujer?
La situación resulta aún más grave cuando hablamos de embarazos producto de una violación. Detrás de este proyecto subyace una lógica perversa: promover la maternidad como respuesta a una agresión sexual. Debemos decirlo con claridad: la violación no puede servir de base a una política de natalidad. Ninguna democracia puede promover mecanismos que presionen a mujeres y niñas para continuar embarazos originados a partir de un delito..
Esta estrategia no es nueva, sino que responde a un libreto impulsado por el conservadurismo mundial En Texas, por ejemplo, se implementaron medidas similares bajo el argumento del consentimiento informado, obligando a escuchar descripciones o visualizar ecografías antes de acceder a un aborto, sin evidencia científica alguna.
Esta propuesta responde a una estrategia política para restringir derechos a las mujeres mediante la culpa y la coerción emocional. Defender los derechos sexuales y reproductivos también es defender la democracia y el principio básico de que ninguna mujer debe ser obligada, ni emocional ni institucionalmente, a maternar como consecuencia de la violencia.