La Corte Suprema rechazó el 14 de septiembre el recurso de queja presentado por las salmoneras Invermar S.A. y Pacific Seafood S.A., con lo que confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que ordena entregar la información productiva de sus centros de cultivo.
La decisión pone fin a casi dos años de litigio iniciado después de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) denegara el acceso a estos datos solicitados por Fundación Terram, pese a que el Consejo para la Transparencia ya había fallado a favor de la entrega.
El conflicto se originó por un reclamo de ilegalidad de ambas empresas contra la resolución del Consejo para la Transparencia, que ordenaba entregar información sobre las cosechas de centros de cultivo de salmones en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes entre 1990 y 2024.
Las compañías argumentaron que la divulgación afectaría sus intereses comerciales y la libre competencia. Sin embargo, el 15 de mayo de 2026 la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó ese reclamo, al establecer que se trata de información pública que las empresas deben entregar obligatoriamente a SERNAPESCA.
Salmoneras y sobreproducción
Fundación Terram pedía acceso a esta información para fiscalizar irregularidades frecuentes en la industria salmonera, entre ellas la sobreproducción de salmones, que incrementa el impacto ambiental en el fondo marino.
El equipo jurídico de la fundación, integrado por Catalina Salazar y Diego Rojas, sostuvo que "cuando una parte agota todas las vías impugnatorias disponibles, incluyendo una tan excepcional como el recurso de queja, el litigio deja de ser una defensa genuina de un derecho y pasa a operar como una herramienta de dilación". Según explicaron, la información retenida es clave para detectar sobreproducción, elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y concesiones en causal de caducidad.
La sobreproducción de salmones genera riesgos ambientales concretos: la acumulación de excrementos y restos de alimento en el fondo marino eleva el exceso de materia orgánica, lo que consume el oxígeno disponible y produce anoxia, una condición que impide la vida marina acuática. A esto se suma el uso excesivo de antibióticos para contener enfermedades en centros con alta densidad de peces, y el riesgo de escapes de salmones, que en Chile depredan a otras especies marinas al tratarse de una especie exótica.
Fundación Terram detectó recientemente, con datos actualizados hasta 2023, 47 centros salmoneros que produjeron más de 450.000 toneladas eludiendo la evaluación ambiental. "No es casualidad que quienes litigaron para impedir su acceso público sean, a la vez, actores de una industria donde hemos identificado un patrón sostenido de irregularidades", señaló el equipo jurídico.
Los antecedentes ya fueron remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que según la organización solo ha iniciado un procedimiento sancionatorio de los 56 casos de elusión al SEIA detectados hasta ahora.