A pesar de un aumento sectorial promovido por el Ejecutivo, los fondos asignados para el Presupuesto 2027 no alcanzarían a cubrir los gastos reales de este año.
Profesionales de la salud advierten "agotamiento" temprano de recursos y brecha de 9,1% real.
Una compleja encrucijada por el Presupuesto 2027 enfrenta la red asistencial del país ad portas de que la Comisión Especial Mixta revise las partidas fiscales, impulsando al gremio a enviar una carta al Congreso, advirtiendo que los fondos asignados por el gobierno son insuficientes para mantener las coberturas básicas de la población.
Entre los puntos más críticos que detecta la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) figura la caída directa en prestaciones esenciales.
Por ejemplo, el Programa Nacional de Inmunizaciones sufriría una baja real del 5,3% ($9.696 millones), mientras que el Fondo de Tratamiento de Alto Costo experimentaría una merma de $28.208 millones (14,5% real), pese a registrar casi total ejecución durante el presente periodo.
Frente al énfasis del Ejecutivo en la eficiencia del gasto, Ricardo Bustamante, vocero de Fenpruss, sostuvo que “se habla mucho de problemas de gestión y eficiencia hospitalaria. Estos problemas deben ser atendidos, pero no explican que se ponga la austeridad fiscal por sobre las necesidades de salud de la población”.
Y agregó: “Las y los trabajadores estamos disponibles para trabajar junto a las autoridades para mejorar la eficiencia, pero esto debe ir de la mano con un compromiso real para el fortalecimiento financiero de la salud del país”.
A esta contracción se suma el flanco laboral. La propuesta oficial disminuye drásticamente los cupos para regularizar trabajadores a contrata en el aparato público, bajando de 6.500 a apenas 1.500 vacantes.
“Tenemos muchos problemas que resolver que pasan por tener más financiamiento, incluyendo la precariedad laboral que hoy afecta a miles de funcionarios de la salud en calidad de honorarios o compras de servicio”, señaló Bustamante.
Según el dirigente, “hoy el gobierno está otorgando solamente 136 cupos para traspasos a la contrata en 2026, siendo que, por ejemplo, solamente en la región de Coquimbo hay más de 800 honorarios con funciones permanentes que hoy cumplen las condiciones para ser traspasados. En la región del Bío Bío son más de 900”.
La raíz del problema radica en el cálculo macroeconómico. Aunque el gobierno promociona un alza sectorial de 4,7%, los $18.489 mil millones estipulados contrastan con los más de $20.012 mil millones que requerirá el cierre del actual ejercicio, provocando un desbalance de 9,1% real.
Registros de Grupos Relacionados de Diagnóstico ya sitúan a 26 recintos —incluidos Barros Luco, San José, Temuco, Puerto Montt y Padre Las Casas— con dineros por debajo de su actividad proyectada.
“El gobierno no puede hacer la vista gorda ante el déficit histórico que afecta a la salud pública. El presupuesto que hoy está proponiendo no alcanza siquiera a cubrir los gastos reales de este año, por lo que anticipa un temprano agotamiento de los recursos de los hospitales para el 2027”, afirmó Bustamante.
Ante este panorama, la organización gremial requirió que Hacienda y el Ministerio de Salud entreguen compromisos transparentes, plazos concretos y un monitoreo trimestral de gastos y dotaciones hospitalarias antes de someter a votación la partida del sector.
