El gobierno respaldó los cobros de la Tesorería por deudas del CAE y aseguró que existen mecanismos para reclamar eventuales errores.
Imagen referencial sobre deuda del CAE - Agencia Uno
La controversia por los embargos y retiros de fondos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) sumó un nuevo capítulo este lunes, luego que el gobierno de José Antonio Kast defendiera públicamente las acciones impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) y asegurara que los procedimientos aplicados se ajustan a la normativa vigente.
Las medidas han generado preocupación entre miles de deudores, especialmente tras conocerse denuncias de personas que vieron retenidos recursos desde sus cuentas bancarias e incluso parte de sus remuneraciones.
Sin embargo, desde el Ejecutivo recalcaron que los cobros continuarán, particularmente en el caso de quienes registran ingresos elevados y mantienen morosidades asociadas al crédito estudiantil.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que los embargos realizados por la TGR se han ejecutado siguiendo los procedimientos habituales contemplados para la recuperación de deudas fiscales.
La autoridad afirmó que el Estado busca recuperar recursos públicos comprometidos en el financiamiento del CAE y que las acciones continuarán respecto de deudores que perciban ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales.
“Aquí hay muchas personas que durante muchos años accedieron a un beneficio, que es el CAE, que muchos, teniendo las condiciones de ingresos suficientes y necesarias, no pagaron, y eso obligó a que se hicieran efectivas las garantías en contra del Estado de Chile por parte de los bancos, porque es un crédito con aval del Estado” (Ministro Claudio Alvarado)
Asimismo, destacó que antes de llegar a instancias de embargo se realizan notificaciones y se entregan alternativas para regularizar la situación mediante convenios de pago.
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la política de cobranza y señaló que el Gobierno mantendrá las acciones para recuperar recursos adeudados. Según indicó, una parte importante de las personas afectadas corresponde a contribuyentes con rentas altas que permanecían en mora pese a contar con capacidad de pago.
Las explicaciones del Ejecutivo no han logrado contener las críticas de parlamentarios y organizaciones de deudores, quienes cuestionan especialmente el mecanismo utilizado para retirar fondos desde cuentas bancarias.
Durante los últimos días se han multiplicado los casos de personas que denuncian haber visto congelados o retirados recursos desde sus cuentas, situación que motivó solicitudes de transparencia respecto de los criterios utilizados por la Tesorería para ejecutar estas medidas.
Frente a las denuncias de embargos de sueldos y cuentas corrientes, especialistas recomiendan revisar detalladamente las notificaciones emitidas por la Tesorería y verificar la existencia de convenios vigentes o eventuales errores en la cobranza.
La abogada y socia de Defensa Deudores, Tania Olivera explicó en Biobío que quienes consideren que la actuación de la TGR fue improcedente pueden recurrir a acciones judiciales para impugnar la medida.
Además, señaló que la discusión jurídica sobre la naturaleza de la deuda del CAE aún podría llegar a instancias superiores y eventualmente ser resuelta por la Corte Suprema.
Asimismo, la TGR mantiene disponibles mecanismos de regularización para deudores que busquen renegociar sus obligaciones y evitar acciones de cobranza más severas.
