La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó devolver tractor retenido por más de dos años y prohibió condicionar su entrega al pago de supuestas reparaciones.
Corte de Apelaciones de Temuco / Agencia Uno
Un agricultor de Vilcún llevó su tractor a reparación en 2023, pero nunca volvió a verlo. Tras más de dos años sin respuestas claras, recurrió a la Corte de Apelaciones de Temuco, acusando que la empresa mantenía retenido el vehículo sin autorización ni justificación legal.
Según expuso en el recurso, el tractor —avaluado entre $35 y $40 millones— fue ingresado a un servicio técnico por fallas mecánicas, pero sin su autorización fue trasladado a otra ciudad.
Desde entonces, pese a múltiples solicitudes formales, la empresa no lo devolvió ni completó su reparación.
El afectado sostuvo que no existía contrato vigente, deuda exigible ni resolución judicial que justificara la retención del vehículo, lo que le impedía utilizar una herramienta clave para su trabajo agrícola.
Incluso acusó que la entrega del tractor era condicionada al pago de servicios que, según indicó, no habían sido autorizados.
Por su parte, la empresa argumentó que el dueño sí mantenía una deuda superior a $32 millones por trabajos realizados, y que había iniciado una demanda civil para hacer valer un derecho legal de retención sobre el vehículo.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco concluyó que, aunque la empresa podía cobrar por eventuales reparaciones, no podía retener el tractor como forma de asegurar el pago sin una resolución judicial previa.
En el fallo se indica que “condicionar la devolución del vehículo […] al pago de una suma de dinero resulta ilegal”, ya que implica ejercer un derecho de retención sin que exista un juicio que lo autorice.
El tribunal agregó que esta conducta vulnera el derecho de propiedad, al impedir al dueño usar y disponer de su bien.
Por ello, la Corte acogió el recurso de protección y ordenó a la empresa entregar el tractor de forma inmediata, sin exigir pago alguno como condición, dejando a salvo su derecho a cobrar la deuda por la vía judicial correspondiente.
