El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a preuniversitario a pagar indemnizaciones tras rebajar carga y sueldo sin acuerdo de la docente.
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago / Poder Judicial
Durante años, una profesora de biología trabajó con una carga completa de clases en un preuniversitario, hasta que en 2024 su situación cambió abruptamente. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago revisó el caso, luego de que la docente denunciara una drástica reducción de sus horas y sueldo.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la historia comenzó en marzo de 2024, cuando la empresa le informó que su carga bajaría de 25 a 19 cursos semanales, lo que implicaba una disminución en sus ingresos.
La profesora no aceptó esta modificación y decidió no firmar el anexo de contrato que formalizaba el cambio.
Días después, la situación empeoró. Según los antecedentes del juicio, se le advirtió que si no aceptaba la rebaja, sus clases se reducirían aún más.
Finalmente, al iniciar abril, al presentarse a trabajar, se le comunicó que solo tendría 2 cursos semanales y que otros docentes ya habían tomado sus clases. Esto implicaba una caída drástica en su remuneración mensual.
Frente a este escenario, la trabajadora decidió poner fin a su contrato mediante autodespido, acusando un incumplimiento grave del empleador.
Sostuvo que las modificaciones fueron unilaterales y afectaron directamente su sustento económico, pasando de ganar cerca de $2 millones a alrededor de $165 mil.
Al analizar el caso, el tribunal estableció que, aunque el contrato original contemplaba menos horas, durante años la empresa asignó más cursos, lo que en la práctica definió las condiciones reales de trabajo. Por ello, cualquier cambio debía ser acordado entre ambas partes.
El juez Víctor Riffo Orellana concluyó que la reducción de cursos primero a 19 y luego a 2 constituyó un incumplimiento grave. En la sentencia se señala que el empleador “ha incumplido gravemente el contrato de trabajo”, al modificar unilateralmente la carga laboral y afectar de forma significativa la remuneración de la docente.
Aunque se rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales por falta de pruebas, sí se acogió la acción de despido indirecto, reconociendo que la empresa dejó de cumplir con sus obligaciones contractuales.
Por esta razón, el tribunal condenó al preuniversitario a pagar $2.066.270 por aviso previo, $20.066.250 por años de servicio y $10.331.135 como recargo legal del 50%, montos que deberán ser reajustados e incluir intereses.
