La medida del Juzgado de Letras Del Trabajo afecta dos estacionamientos de Inversiones D.A.D. S.A. y fue decretada en el marco de una demanda laboral.
El cerco judicial sobre el patrimonio vinculado a la familia Schupper sumó un nuevo capítulo. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre dos estacionamientos ubicados en Avenida Raúl Labbé N° 12.613, en la comuna de Lo Barnechea, de propiedad de Inversiones D.A.D. S.A.
La resolución fue dictada el 14 de septiembre de 2026 y se fundó en el artículo 444 del Código del Trabajo y en el artículo 290 N° 4 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal ordenó que la medida fuera ejecutada de inmediato, sin notificación previa a la contraparte, y estableció un plazo de 30 días para notificar a la demandada una vez cumplida.
La medida se adoptó en el marco de una demanda presentada por Karen Andrea Poblete Robles, quien trabajó de forma ininterrumpida para el grupo empresarial controlado por la familia Schupper Messcher entre julio de 2009 y agosto de 2025. Durante más de 16 años se desempeñó en la casa matriz de Multitiendas Corona S.A. como Jefa de Atención al Cliente, cargo desde el que supervisó operaciones que beneficiaron a distintas sociedades del holding.
Poblete demandó a 26 personas naturales y jurídicas, encabezadas por Multitiendas Corona S.A., y solicitó que fueran declaradas empleador único en los términos del artículo 3° del Código del Trabajo. En su demanda reclama $19.188.146 por diferencias en la indemnización por años de servicio, feriado legal y proporcional, además del recargo legal del 50%. A ello suma cotizaciones previsionales impagas correspondientes a agosto de 2025, reajustes y multas por subterfugio laboral.
La nueva precautoria se suma a otras medidas que han afectado bienes vinculados a integrantes de la familia controladora. Según reportó The Clinic, el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama había decretado el 10 de julio de 2026 la prohibición de celebrar actos y contratos sobre seis vehículos —entre ellos un BMW, un Renault, un Citroën, un Mercedes-Benz y un Volvo— de propiedad de Paulina y Malú Schupper, avaluados en cerca de $45 millones. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó esa medida el 18 de agosto.
El mismo medio consignó que los controladores de la liquidada Corona mantendrían hasta 26 sociedades relacionadas, algunas de las cuales actualmente arriendan locales que anteriormente fueron ocupados por el retailer.
Pero el avance de estas causas estuvo precedido por un problema procesal que mantuvo durante meses la discusión de fondo en suspenso. Según consignó El Desconcierto, la parte demandante contabilizó 480 notificaciones fallidas en 115 causas dirigidas contra Paulina y Malú Schupper. Los domicilios registrados en registros públicos y societarios no correspondían a sus residencias efectivas, de acuerdo con los antecedentes expuestos en esos procesos.
Esa situación mantuvo detenida la discusión de fondo durante cerca de un año. Durante ese período no corrieron los plazos procesales ni pudieron trabarse medidas cautelares. El abogado Matías Berríos Fuchslocher, del estudio Berríos Palavecino, atribuyó la demora a una estrategia deliberada para eludir el emplazamiento judicial.
En este contexto, la nueva medida precautoria busca resguardar el eventual resultado de la demanda. La resolución del tribunal se sustentó en la verosimilitud del derecho invocado y en el riesgo de que el transcurso del tiempo pudiera afectar el resultado del juicio.
El escenario se produce además después de que Multitiendas Corona S.A. ingresara a liquidación concursal el 12 de agosto de 2025, luego de no conseguir financiamiento para un plan de reorganización por $24.000 millones.
Ante la insuficiencia de la masa concursada para cubrir las acreencias laborales, la demandante persigue que el resto de las entidades del grupo Schupper responda solidariamente por las obligaciones reclamadas. Otra sociedad del conglomerado, Sociedad de Créditos Comerciales S.A., también se encuentra en liquidación.
A la fecha de la solicitud de la medida precautoria, se registraban 99 causas laborales vigentes en todo el país contra empresas del grupo, concentradas en el Primer y Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
