En presencia del presidente José Antonio Kast y otras autoridades, los ministerios de Obras Públicas (MOP), Seguridad y Justicia firmaron este miércoles un convenio de cooperación para enfrentar la deuda histórica en infraestructura penitenciaria del país, a modo de fortalecer la seguridad del país.
El acuerdo establece un plan proyectado al 2030 que contempla la creación de 20 mil nuevas plazas a través de la construcción de nuevas cárceles y la modernización de recintos existentes.
La iniciativa se desarrollará en dos etapas. La primera considera una inversión de 170 millones de dólares en infraestructura, mientras que la segunda, con una cifra similar, incrementará en un 50% la capacidad actual del sistema. Actualmente, las nueve cárceles concesionadas concentran el 48% de las plazas disponibles en el país.
El gobierno de Kast aprende del extranjero
El biministro de Obras Públicas y Vivienda, Louis de Grange, destacó la necesidad de una planificación de largo plazo. "Estamos aprendiendo de países extranjeros", señaló, en referencia a la experiencia de Argentina que fue incorporada al diseño del plan.
El convenio también contempla la incorporación de inteligencia y tecnología avanzada de vigilancia, con el objetivo de construir un "Estado más ágil y coordinado".
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, subrayó que el crimen organizado también "se combate dentro de las cárceles", con el fin de "evitar que sigan ejerciendo el poder desde las celdas". Asimismo, advirtió que "no basta con exigirles más a los funcionarios", en alusión a las condiciones estructurales del sistema penitenciario.