Tras conocerse el caso de un beneficiado detenido por tráfico de drogas, el gobierno de Kast revisará cada una de las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social.
Máximo Pavez comunicó la decisión del gobierno de Kast - Agencia Uno
El gobierno de José Antonio Kast anunció una revisión integral de las pensiones de gracia concedidas a víctimas del estallido social de 2019, luego de que se conociera la detención de un beneficiario por tráfico de fentanilo en la comuna de Ovalle.
La medida fue confirmada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que se analizarán “todos los casos” actualmente vigentes.
La controversia surgió tras la captura de Benjamín Huerta Escobar, de 29 años, quien recibió una pensión de gracia en 2022 luego de resultar herido durante los hechos vinculados al estallido social. El imputado fue detenido por tráfico de fentanilo y, según antecedentes judiciales, mantenía un historial policial previo por diversos delitos.
Consultado por el caso, el subsecretario Pavez aclaró que el beneficio en cuestión ya había sido revocado por la actual administración.
Sin embargo, precisó que el Ejecutivo decidió ampliar el análisis a la totalidad de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019.
El subsecretario agregó que esta revisión responde a una política de control y fiscalización de los recursos públicos.
“Es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del presidente de la República”, sostuvo.
En paralelo, parlamentarios de la UDI ingresaron recientemente una solicitud para que el Ministerio de Justicia estudie la revocación de pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales anteriores, simultáneos o posteriores a la concesión del beneficio.
La iniciativa fue presentada al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y busca revisar los casos que podrían no cumplir con los estándares exigidos para este tipo de ayuda estatal.
