Una madre acumuló una deuda de $14.655.726 por colegiaturas de 2025 con el British Royal School y, pese a haber pagado $3.314.000 durante las negociaciones, sus dos hijos quedaron fuera del establecimiento en julio de 2026. La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el colegio debe mantenerlos como alumnos regulares durante todo el año académico.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto comenzó en 2025, cuando la apoderada atravesó dificultades de salud que afectaron su capacidad de pago.
Según expuso, desde noviembre negoció la regularización y a comienzos de marzo de 2026 acordó entregar un anticipo del 30% y cubrir el saldo en cuotas. El 5 de marzo pagó $3.314.000, pero al día siguiente el establecimiento se negó a matricular a los estudiantes.
El caso llegó primero a la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante esa causa se ordenó mantener escolarizados a los menores y permitir su matrícula. En ese contexto, el 26 de marzo las partes firmaron un contrato de prestación de servicios educacionales para todo 2026.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó posteriormente ese primer recurso y la Corte Suprema confirmó la decisión el 23 de junio de 2026. El 2 de julio, el colegio comunicó que ambos estudiantes dejaban de pertenecer al establecimiento.
La madre recurrió nuevamente. Esta vez, la Corte analizó el contrato firmado en marzo y estableció que su vigencia comprendía todo el año escolar. Además, el documento señalaba expresamente que el incumplimiento de la obligación de pago no era una causal para terminarlo.
“El tenor del contrato es claro”, sostuvo el tribunal, que constató que el documento tampoco vinculaba su vigencia al resultado del recurso anterior. Por ello, calificó como ilegal la actuación del colegio y concluyó que vulneró derechos constitucionales de los estudiantes.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y ordenó al British Royal School mantener a ambos menores como alumnos regulares durante 2026. La decisión contó con el voto en contra del ministro Balmaceda, quien estuvo por rechazar la acción.