La Cámara votará este martes la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, luego que la comisión revisora recomendara rechazar el libelo.
Exministro Nicolás Grau enfrenta una acusación constitucional - Agencia Uno
Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados deberá pronunciarse sobre la acusación constitucional presentada contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, en una jornada que podría transformarse en uno de los principales hitos políticos de las últimas semanas y que ha generado fuertes tensiones tanto en la oposición como en el oficialismo.
El libelo acusatorio llega a la Sala luego que la comisión revisora encargada de analizar los antecedentes recomendara rechazar la acción constitucional, emitiendo un informe negativo que, sin embargo, no resulta vinculante para la votación final del pleno.
La comisión encargada de estudiar la acusación constitucional concluyó por mayoría que no existen fundamentos suficientes para aprobar el libelo presentado contra el exsecretario de Estado.
Pese a esta recomendación, la decisión definitiva recaerá en la Cámara, donde los diputados y diputadas deberán determinar si la acusación continúa su tramitación en el Senado o si queda definitivamente desestimada.
La acusación se originó tras cuestionamientos relacionados con el manejo de antecedentes fiscales y las proyecciones presupuestarias del Ejecutivo, materias que han generado un amplio debate político durante las últimas semanas.
Previo al ingreso de la acusación constitucional, la Dirección de Presupuestos (Dipres) elaboró un informe técnico que descartó las irregularidades denunciadas por los impulsores del libelo.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el documento concluyó que no existían inconsistencias que justificaran las acusaciones realizadas respecto del manejo presupuestario, elemento que ha sido utilizado por el oficialismo como uno de los principales argumentos para rechazar la acción constitucional.
El debate también ha involucrado al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y a especialistas en derecho constitucional.
Diversos análisis han señalado que las discrepancias técnicas o políticas sobre la gestión económica no necesariamente constituyen causales para una acusación constitucional. El abogado constitucionalista Patricio Zapata sostuvo que este tipo de mecanismos requiere acreditar infracciones concretas a la Constitución o a las leyes.
Desde sectores oficialistas se ha insistido en que la acusación posee un carácter eminentemente político y que no existirían antecedentes suficientes para establecer responsabilidades constitucionales del exministro.
La tramitación del libelo también ha provocado diferencias al interior de las distintas fuerzas políticas. Durante los últimos días se han registrado tensiones en el oficialismo producto del debate sobre la conveniencia de la acusación y de otras controversias políticas que han coincidido con la discusión parlamentaria.
Mientras la oposición defiende la necesidad de establecer responsabilidades políticas, desde el Gobierno y los partidos oficialistas han cuestionado los fundamentos de la acción y han advertido sobre el uso de la acusación constitucional como una herramienta de confrontación política.
Si la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la acusación constitucional, el proceso pasará al Senado, instancia que actuará como jurado y deberá determinar si corresponde condenar o absolver al exministro. En caso contrario, el libelo quedará rechazado y su tramitación terminará en la Cámara.
La votación de este martes será seguida de cerca por el mundo político debido a las implicancias institucionales del caso y a las repercusiones que podría tener en las relaciones entre oficialismo y oposición durante el segundo semestre.
