Diferentes parlamentarios de oposición levantaron voces críticas contra la acusación constitucional que enfrentará el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Oposición escuda a Nicolás Grau ante acusación constitucional del oficialismo - Agencia Uno
La acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abrió un nuevo frente de disputa política en el Congreso Nacional.
Mientras los impulsores del libelo sostienen que existieron irregularidades en el manejo de las proyecciones fiscales, diputados de oposición del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista y PPD rechazaron la iniciativa y advirtieron que podría generar consecuencias para la institucionalidad económica del país.
Los legisladores calificaron la acción como un intento de trasladar diferencias políticas al ámbito constitucional y cuestionaron que se utilice una herramienta de alta relevancia institucional para debatir estimaciones económicas realizadas durante una administración anterior.
Una de las voces más críticas frente al libelo fue la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien sostuvo que cuestionar públicamente la validez de las cifras fiscales chilenas puede afectar la confianza de inversionistas, organismos internacionales y mercados financieros.
Según planteó la parlamentaria, instalar la idea de un supuesto maquillaje de cifras fiscales podría generar efectos que trasciendan la contingencia política y terminen impactando la percepción de estabilidad económica que históricamente ha mantenido Chile.
La diputada llamó además a los parlamentarios a evaluar la acusación constitucional con criterios técnicos y jurídicos, evitando que la discusión se transforme en una señal de incertidumbre para la economía nacional.
Desde las bancadas oficialistas surgió una inquietud común: el precedente que podría quedar establecido si prospera una acusación constitucional basada en discrepancias respecto de proyecciones económicas.
La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, afirmó que la ofensiva contra Nicolás Grau podría abrir la puerta a futuras acusaciones contra autoridades económicas de cualquier gobierno, debilitando la estabilidad institucional que ha caracterizado históricamente la conducción fiscal chilena.
A juicio de la parlamentaria, la misma lógica utilizada para cuestionar al exministro podría aplicarse a decisiones adoptadas por otras administraciones, generando un escenario de permanente confrontación política en materias económicas.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, advirtió que el debate no sólo tiene efectos políticos internos. Según explicó, organismos internacionales y clasificadoras de riesgo siguen con atención cualquier cuestionamiento relacionado con la política fiscal chilena.
El diputado sostuvo que la acusación no apunta a cifras concretas, sino a proyecciones económicas, y que transformar esas diferencias en una controversia constitucional podría afectar la credibilidad de las instituciones encargadas de elaborar los escenarios fiscales del país.
Leiva insistió en que el libelo no identifica incumplimientos específicos que justifiquen una sanción constitucional y llamó a los sectores de centro y derecha a evaluar las implicancias de largo plazo que tendría esta discusión.
El jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, señaló que la acusación constitucional rompe con una tradición transversal de la política chilena: considerar la política fiscal como una política de Estado.
A su juicio, el debate ha trasladado al terreno de la confrontación ideológica una materia que durante décadas ha sido tratada con criterios técnicos y acuerdos amplios entre distintos sectores políticos.
Soto sostuvo que existe una diferencia entre fiscalizar la gestión económica de un gobierno y atribuir responsabilidades constitucionales por decisiones o proyecciones que forman parte del debate habitual sobre política económica.
