“Nos están matando en vida”: El calvario de agricultora de Chanco que enfrenta a minera y denuncia pago irregular al tribunal
Desde los campos de Loanco, en la comuna de Chanco, una historia de resistencia campesina se ha extendido por más de tres décadas.
La protagonista es una agricultora que heredó de su padre la responsabilidad de cuidar y sostener un terreno donde su familia ha vivido desde siempre, cultivando maíz, habas, arvejas y papas.
Lo que antes era su fuente de vida se transformó en un campo de disputa con una empresa minera que, según ella, ha devastado la tierra, contaminado el agua y actuado con el respaldo de las autoridades judiciales locales.
La historia comenzó a fines de los años ochenta, cuando un hombre llamado Patricio Mena empezó a extraer material desde el terreno familiar sin mayores permisos.
Años después, en 2002, llegó la empresa Andrés Pirazzoli y Compañía Limitada, que por una década explotó arena y depositó lodo en el predio.
“En ese tiempo le pagaban cien mil pesos mensuales a mi tío por servidumbre”, recuerda la agricultora, en conversación con El Desconcierto.
“Después mi papá se enfermó y me dejó a mí el campo. Me dijo: ‘tú te haces cargo, yo te lo voy a escriturar para que lo administres’. Y yo acepté, aunque era una carga pesada, porque luchar con una empresa es difícil”.
Tras la salida de Pirazzoli, la minera cambió de razón social y pasó a llamarse Compañía Minera Faro Carranza.
El conflicto se reactivó en 2014, cuando la empresa volvió a ocupar el terreno ofreciendo un pago mensual de apenas cincuenta mil pesos.
La mujer llevó el caso ante el tribunal de Chanco, donde se fijó finalmente un monto de 6 UF mensuales por servidumbre.
Pero el litigio no se cerró ahí. “Desde entonces no han dejado de hostigarme”, relata. “Se aprovechan de todo, incluso de la pandemia, para seguir pidiendo más terreno”.
Una vida marcada por el acoso judicial y la contaminación
Según el relato de la afectada y los antecedentes judiciales del caso, la compañía ha intentado ampliar la servidumbre a tres hectáreas adicionales, terreno donde mantiene cultivos activos.
“Yo tengo sembrado ahí, y quieren botar el lodo, hacer muros de contención, y todo eso está a nivel del río”, explica.
El lodo, que ella describe como líquido y no arcilloso como afirma la empresa, se escurre hacia el cauce del río Pino Talca y finalmente llega al mar de la comuna.
“Con eso se contamina todo. En el río hay aves silvestres, hay flora y fauna, y ellos botan desechos como si nada”, denuncia.
Un documento elaborado por la afectada, señala que el proyecto denominado Depósito de Arcillas de Planta Flora en Rajo Mina Loanco ha sido rechazado dos veces por la Corte de Apelaciones de Talca debido a sus impactos ambientales.
Aun así, el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco, bajo la dirección del juez José Omar Alegría Burgos, ha autorizado nuevas intervenciones. “Ese juez ha hecho oído sordo, resolviendo siempre a favor de la empresa”, afirma en el texto.
Las imágenes captadas en el lugar muestran lo que la afectada describe: un terreno fértil convertido en un paisaje erosionado, con cerros removidos, cauces alterados y agua mezclada con barro.
En una de las fotografías se observa el derrame de lodo sobre los cultivos; en otra, el borde del río cubierto por una capa gris que antes era tierra productiva.
“Antes sacábamos carbón de las plantaciones de aromo, cosechábamos papas, porotos, arvejas… ahora nada crece igual”, lamenta. “De cien sacos que cosechábamos antes, hoy apenas salen veinticinco”.
“Nos están matando en vida”
Más allá del daño ambiental, la mujer describe un proceso judicial agotador. Asegura que ha recibido múltiples denuncias en su contra, y que incluso ha debido enfrentar la intervención de la fuerza pública en su propiedad.
“El 11 de septiembre me echaron los cercos abajo”, recuerda. “Tuve que pagar gente para volver a levantarlos. Soy una persona humilde, de campo, y cada cosa cuesta”.
Lo que más le duele, dice, es el trato desigual. “El juez autoriza que entren, que echen los cercos abajo, que sigan botando lodo. No ve que ahí vivimos, que de ahí comemos. Siento que me están torturando, que me están matando en vida”.
El impacto emocional ha sido profundo. “Uno siente impotencia. ¿Dónde están las autoridades?”, se pregunta.
“Yo no tengo estudios, pero tengo educación. Una vez fui al tribunal, le llevé al juez mi escritura y el contrato terminado de la empresa. Me di cuenta de que no me escuchaban. Me ignoró. Después de eso, ese juez se fue a Punta Arenas. ¿Por qué se fue justo después?”.
A pesar de todo, dice que no se dejará vencer. “Yo no soy nadie al lado de una empresa, pero no me voy a dejar pisotear. Tengo que ser fuerte para defender lo mío”, afirma con convicción.
“Aunque me dejen sin nada, no voy a entregar mi campo en bandeja”, detalló la afectada.
Denuncias de abuso judicial y sospechas de corrupción
El conflicto escaló aún más cuando en 2021 la empresa Faro Carranza realizó un pago de cuatro millones de pesos directamente al Juzgado de Letras y Garantía de Chanco.
Así lo reveló el concejal independiente de Chanco, Cristian Morales, quien ha acompañado a la agricultora en los últimos meses.
“Nosotros verificamos que el 18 de agosto de 2021, la minera efectuó ese pago al juzgado a través del Banco Itaú”, explicó en conversación con El Desconcierto.
“Y lo que nos preguntamos es por qué ese dinero se pagó al juzgado si ellos no son los propietarios del terreno. No existe ningún permiso ni contrato vigente con la dueña”, agregó.
Para Morales, lo que ocurre es un claro “abuso de poder y una negligencia judicial”. “Esto es como si alguien entra a su casa, ocupa el comedor y después el juez autoriza que se quede. Así de absurdo”, señala.
“Aquí hay una connivencia que debe ser investigada. Queremos oficializar al juez que estaba a cargo en ese tiempo y escalar esto a nivel político, porque hay muchas sospechas”, destacó.
El concejal afirma que la comunidad no había dimensionado el impacto ambiental hasta ahora. “Fuimos al terreno y no imaginamos que la destrucción fuera tan grande. Han explotado cerca de dos hectáreas de cerro, han botado desechos junto al río, y hay cañerías instaladas para sacar agua del río Santana”, describe.
“El problema es que el río Santana divide Constitución y Chanco, y lo que hacen es sacar el desecho desde el lado de Constitución y tirarlo al de Chanco. Eso está contaminando un curso de agua protegido y afectando la flora y fauna”, agrega.
Morales informó que el caso ingresaría formalmente a la tabla del Consejo Municipal para ser tratado junto con la Comisión de Medio Ambiente.
“Vamos a hacer un acompañamiento directo. Ella lleva muchos años sola, sintiendo que se ríen de ella, y eso se tiene que acabar”, declaró.
“Vamos a contactar a la Municipalidad de Constitución para coordinar acciones conjuntas, porque ellos también deben saber lo que está ocurriendo. Esto ya no es solo un conflicto privado: es un problema ambiental y político”, señaló.
“No me van a callar”
La empresa Faro Carranza no solo ha continuado las faenas pese a los reclamos, sino que, según denuncian los vecinos, estaría extrayendo agua ilegalmente desde el río.
“Ellos tienen unos tubos donde se roban el agua hacia la mina, y de la mina botan los desechos de vuelta al río”, relató la agricultora.
“Si usted va al lugar, se da cuenta que el río está cubierto de lodo”. Las imágenes del sector de Loanco confirman la presencia de sedimentos y residuos industriales a orillas del cauce.
A pesar de los golpes, mantiene su determinación. “Yo no me voy a dejar. Aunque me sigan demandando, voy a seguir hablando”, dice la agricultora.
“Si me meten presa, que me metan presa por decir la verdad”. Para ella, lo que está en juego no es solo un terreno, sino la vida entera de una familia campesina.
“Antes de todo esto vivíamos del campo. Ahora no se puede sembrar como antes, el agua no sirve, y lo que era verde se volvió barro. Nos están quitando la vida de a poco”, expresa.
El concejal Morales comparte la indignación. “Lo más grave es que este tipo de conflictos no son aislados”, advierte.
“Pasan en muchas partes de Chile, donde pequeñas familias rurales quedan desprotegidas frente a grandes empresas. Por eso vamos a seguir hasta el final. Si hay que ir al Congreso, iremos. Si hay que llamar a todos los medios, lo haremos. No la vamos a dejar sola”, señaló.
Mientras el proceso judicial sigue su curso y la contaminación avanza sobre el río, la agricultora insiste en una sola cosa: “Yo solo quiero que se haga justicia, que me devuelvan mi tierra como era antes. Que el Estado vea lo que está pasando en Loanco y que alguien escuche lo que estamos viviendo. No pido más”.
