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Carabineros hacían órdenes de embargo de autos tras pagos por parte de falsos receptores judiciales: 9 son dados de baja
Agencia Uno

Carabineros hacían órdenes de embargo de autos tras pagos por parte de falsos receptores judiciales: 9 son dados de baja

Por: Cristian Neira | 13.06.2025
La justicia imputó a 9 funcionarios activos de Carabineros de Chile, quienes fueron dados de baja al ser sorprendidos cometiendo actos de corrupción mientras ejercían su función policial.

Tres de los 9 funcionarios de Carabineros de Chile quedaron en prisión preventiva, tras ser formalizados por graves delitos de corrupción cometidos mientras ejercían su función policial.

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago escuchó los alegatos de Fiscalía, organismo que los acusó de ejecutar órdenes de embargo, todo esto tras recibir pagos por parte de falsos receptores judiciales.

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Carabineros dados de baja

Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, detalló que los funcionarios dados de baja procedían a simular procedimientos policiales por embargos de automóviles.

Todo esto para ejecutar diligencias irregulares de embargo y retiro de estos vehículos desde l vía pública, con el fin de lucrar con delincuentes, quienes entregaban entre 50 mil y 220 mil por cada auto.

Una persona se hacía pasar por receptor judicial, captaba o contactaba a funcionarios específicos de Carabineros y, mediante un pago, lograba que éstos lo ayudaran en la labor de auxilio y fuerza pública, para efectos del embargo y retiro de vehículos que se encontraban con orden judicial de embargo", dijo en la audiencia el fiscal de Alta Complejidad, Eduardo Arrieta.

El Juzgado catalogó a los excarabineros detenidos como integrantes de una organización criminal, atendida su estructura y coordinación para cometer ilícitos, por lo que decretó prisión preventiva para tres de ellos, por su peligro para la sociedad.

La cumplirán en la 26° Comisaría de Pudahuel, mientras que los seis restantes quedaron con medidas como arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de contactar a los demás implicados, durante los 4 meses que dure la investigación penal.