
Profesores duros con ministro de Educación por falta de respuesta a carta con demandas desde enero: ni un "acuso de recibo"
Una de las luchas históricas a las que se han enfrentado los gobierno en Chile es aquella encabezada por docentes que incluyen como principios básicos mejoras salariales, el pago de la deuda arrastrada por años y el reconocimiento de la profesión.
El nuevo año partió sin estar exento de polémicas luego de el Colegio de Profesores y Profesoras acusara el atraso del pago de bonos, además de lo ocurrido en específico con los docentes en la Municipalidad de Santiago.
PC Nicolás Cataldo
Este viernes, un nuevo acontecimiento despertó nuevamente la molestia del gremio esta vez con el jefe de la cartera de Educación del gobierno, el ministro Nicolás Cataldo (PC).
En concreto, el Colegio de Profesores acusó "nula respuesta" por parte del secretario a quien se le hizo entrega de un nuevo petitorio.
La autoridad llevaría 42 días sin responder el oficio que fue enviado por el gremio el 31 de enero pasado y que concentra las principales demandas de tipo "express" relativas al año 2025 y que podrían ser resueltas antes del segundo semestre.
El objetivo del petitorio es coordinar una primera mesa de trabajo con el ministro Cataldo para tramitar una Agenda Corta que aborde las inquietudes urgentes que afectan a las y los profesores antes de que el gobierno de Gabriel Boric finalice.
Para enero el presidente del gremio, Mario Aguilar, expresaba su deseo de que este asunto pudiera ser tramitado durante el tercer mes del año.
Temas pendientes
"Son temas puntuales a resolver. Esperamos en marzo comenzar las conversaciones, para que en el primer semestre, esa agenda corta quede resuelta. Son temas puntuales, necesarios y urgentes de resolver".
Si bien el gremio ha sido paciente al esperar la respuesta del secretario de Estado, manifiestan que dicho encuentro tendría que realizarse antes de la Asamblea Nacional del gremio, programada para los días 27 y 28 de marzo.
Todos estos antecedentes fueron revelados el pasado jueves 13 de marzo, luego de que el gremio hiciera pública una carta expresando la molestia por el silencio que ha mantenido el ministro Cataldo, quien ni siquiera fue capaz de notificar un "acuse de recibo" como respuesta.
Profesores frente a Hacienda y Trabajo
Los roces del Colegio de Profesoras y Profesores no solo se han presentado frente a la cartera de Educación en lo que va del año.
El 17 de enero, el presidente del gremio, Mario Aguilar, responsabilizó a los ministerios de Hacienda y Trabajo por el retraso en el pago del aguinaldo de Navidad.
Según el líder, los representantes de ambos ministerios demoraron el proceso de tramitación de la ley de reajuste del sector público al presentar "indicaciones inoportunas".
"Ya pasamos la quincena de enero y aún muchos no lo reciben", aseguró el dirigente del gremio docente en ese entonces.
La ley de reajuste del sector público fue publicada el 2 de enero, lo que provocó un nuevo retraso en el pago del aguinaldo de Navidad, afectando no solo al gremio docente, sino también a trabajadores de otros sectores.
"Si saben, si han visto que otros años ha pasado lo mismo, ¿por qué se retrasa la publicación de la ley? ¿por qué esto no se empieza a tramitar antes?", cuestionó Aguilar.
De hecho, el mismo dirigente le advirtió de esta situación al ministro de Hacienda, Mario Marcel, "y sin embargo, volvimos a la misma situación".
Para Aguilar los principales responsables son los ministerios de Hacienda y Trabajo "que demoraron la tramitación de la ley (...) que parece arbolito de Navidad porque le van colgando distintas cosas que no tienen que ver los reajustes ni con los beneficios de los trabajadores".
En ese sentido, para que esta situación no se vuelva a repetir Aguilar propuso adelantar el proceso de negociación del reajuste del sector público para octubre y no para noviembre.
"No es justo, es abusivo que nuestro colegas todavía no reciban el aguinaldo de Navidad", dijo.
Convivencia escolar y condiciones laborales
Pese a que existe un proyecto de ley, para Aguilar es un tema "que se debe seguir atendiendo con prioridad mayor a la que hubo durante el 2024, incluso”, según declaraciones que dio para El Desconcierto a principios de enero.
Sin embargo, asegura, “ese proyecto no ha ido con la velocidad que hubiésemos querido, porque este es un tema urgente, es un tema urgente mejorar la convivencia escolar, abordar los hechos de violencia con respuestas integrales”.
“En algunos casos, implica aspectos de sanciones, sin duda, porque cuando hay hechos graves, incluso en algunos casos delictuales, estos tienen que tener sanción, la impunidad no es una buena política, ciertamente, pero no se puede pensar que únicamente desde ese punto de vista, se va a resolver un problema que es más de fondo y más estructural”, expresaba Aguilar.
Por otro lado, abordó para ese entonces el tema del pago de “la mención de educadoras de diferencial y de párvulos, que sigue pendiente, eso fue parte también de una respuesta que en algún momento dio el Ministerio de Educación, en orden de buscar una solución”.
Aguilar también apunta una solución para “un gran número de profesores y docentes a contrata, una situación que genera mucha inestabilidad en la condición laboral de esos docentes”.
“Y eso afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje, por cierto”, destacó.
Deuda histórica
Siguiendo con su desglose, el presidente del gremio insistía en enero en el tema de la deuda histórica, una arista de las demandas arrastrada desde antaño originada por el perjuicio laboral que afectó a los docentes durante la dictadura militar.
"Nosotros pensamos que hay que apurar, que esto puede ser definitivamente aprobado y publicado en el Diario Oficial, ojalá en el mes de enero, ese fue el compromiso del gobierno, y esperamos que eso se cumpla en esos términos”, sostuvo Aguilar a principios de año.
Finalmente, fue el 31 de enero que el presidente Boric promulgó la ley que que da solución a esta demanda, la cual establece un pago progresivo durante seis años, teniendo como prioridad a las personas de mayor edad.
La normativa se hace cargo de los 57 mil docentes que aún viven y fueron afectados por este problema, quienes recibirán un monto cercano a los 4 millones 500 mil pesos por persona, con reajustes anuales.
Los pagos se realizarán en dos cuotas, la primera comenzará a partir de octubre de este año a cada grupo, mientras que la segunda esta fechada para enero de 2026.
Además, el beneficio es transferible siempre que el o la docente haya fallecido "entre la fecha en que presente la totalidad de los antecedentes, de conformidad al artículo 7, y antes de percibirlo íntegramente”, según indica la normativa.
La deuda de los SLEP
Aguilar asegura que "hemos señalado que los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), así como han funcionado, no son la solución ni la respuesta a la crisis de la educación pública”.
“Creemos que eso debe mejorarse muchísimo más todavía, hay una ley tramitándose en el Parlamento, pero es una ley que nos ha parecido insuficiente”, complementa.
Lo anterior, dice, porque “no aborda todos los aspectos que tienen que corregirse en el sistema de nueva educación pública, que ha funcionado con muchísimos problemas, y con muchísimas evidencias de falla, en la propia legislación, como en la implementación del sistema”.
Y en otro ámbito, Aguilar apunta a “los bonos de retiros, un tema que ha tenido muchísimo retraso, muchísimo, hay profesores que esperan hasta cuatro años desde que hacen su postulación, para poder retirarse el sistema y jubilar”.
“Eso un tiempo excesivo, que produce un desgaste muy grande”, agrega.
Porque, recalca, “además son docentes que ya no están en su mejor condición porque ya están con la intención de jubilar, y esa larga espera, los va desgastando mucho, eso produce un impacto también negativo en el funcionamiento de los establecimientos”.