Un funcionario de Gendarmería de Chile fue apartado temporalmente de su cargo tras ser detenido en julio de 2024 en el estacionamiento del Centro de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) Colina I.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en el momento de su detención, portaba cinco teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo.

Posteriormente, fue formalizado por los delitos de cohecho e infracción a la Ley 21.494, la cual sanciona el ingreso ilegal de equipos de comunicación a establecimientos penitenciarios.

Tras el hecho, la Dirección Nacional de Gendarmería dictó una resolución, mediante la cual dispuso su retiro temporal, argumentando que su permanencia en la institución comprometía la seguridad del servicio y que su conducta no era compatible con los principios de probidad que rigen la función penitenciaria.

El funcionario, en respuesta, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando que la medida era ilegal y arbitraria, ya que se basaba en hechos que aún estaban bajo investigación y no se le otorgó el derecho a defensa ni la posibilidad de ser escuchado antes de su remoción.

En su recurso, solicitó la anulación de la medida, su reintegro inmediato y el pago de las remuneraciones que dejó de percibir.

Fallo de la Corte de Apelaciones: Medida ajustada a derecho

El caso fue analizado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por el ministro Juan Cristóbal Mera M., la ministra suplente Laura Andrea Assef M. y el abogado integrante Waldo Leonidas Parra P.

En su resolución del 2 de diciembre de 2024, el tribunal rechazó el recurso y confirmó la legalidad de la decisión adoptada por Gendarmería.

El tribunal determinó que el retiro temporal del funcionario estaba plenamente respaldado por la normativa vigente, específicamente el artículo 114, letra b), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1968 y la Ley N° 19.195, que rige la administración del personal de Gendarmería.

Además, el fallo dejó en claro que la medida no tenía un carácter disciplinario, sino que era una acción administrativa adoptada con base en la necesidad del servicio.

“El retiro temporal del recurrente fue dictado dentro de la competencia y con pleno apego a la ley, fundamentado en hechos de gravedad que comprometen los estándares de conducta de un funcionario penitenciario”, señala la resolución.

Asimismo, la Corte destacó que la existencia de un sumario administrativo en curso no impide la aplicación de medidas inmediatas cuando los antecedentes justifican la necesidad de apartar a un funcionario.

En este caso, se concluyó que la gravedad de los hechos ameritaba su separación mientras continuaba la investigación.

El funcionario, no conforme con la decisión, llevó su caso a la Corte Suprema con la esperanza de revertir el fallo.

Corte Suprema ratifica el retiro temporal

El 17 de febrero de 2025, la Tercera Sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Adelita Ravanales A., Diego Simpertigue L., el fiscal judicial Jorge Benito Pizarro A. y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada B. y Álvaro Rodrigo Vidal O., confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones y rechazó la apelación presentada por el recurrente.

Con este fallo, la medida de retiro temporal quedó firme y el funcionario no podrá reincorporarse a Gendarmería mientras dure el proceso en su contra.

Además, la institución no estará obligada a pagarle las remuneraciones solicitadas.

Casos similares: La Corte Suprema ha respaldado medidas disciplinarias en Gendarmería

Este no es el único caso en que la justicia ha validado la remoción o sanción de funcionarios de Gendarmería involucrados en hechos graves.

Febrero de 2025: Un gendarme fue retirado temporalmente luego de ser detenido en un control policial en Traiguén, donde se encontró droga sintética en su vehículo.

Aunque no fue formalizado, su institución decidió apartarlo del servicio mientras se investigaba el caso. La Corte Suprema confirmó que la medida era legal.

Octubre de 2024: Un funcionario de Gendarmería fue condenado a dos años de suspensión y a pagar una multa luego de negarse a auxiliar a un interno enfermo que falleció en la cárcel de Rancagua.

Su apelación fue rechazada por la Corte Suprema, que confirmó la sanción.

Septiembre de 2024: Dos gendarmes fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por someter a apremios ilegítimos y causar lesiones graves a un interno en 2016.

Intentaron anular la sentencia, pero la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena.

La Corte ha señalado en estos fallos que las sanciones impuestas por Gendarmería no requieren de una condena penal previa, ya que responden a la necesidad de preservar la seguridad interna y la integridad del servicio penitenciario.

Carabineros también recurren a la justicia para revertir sanciones

No solo los funcionarios de Gendarmería han judicializado medidas disciplinarias en su contra. En Carabineros de Chile, se ha registrado un aumento de recursos legales presentados por efectivos que buscan evitar expulsiones, suspensiones o sanciones administrativas.

Casos recientes incluyen funcionarios que han recurrido a los tribunales para impugnar su baja de la institución por acusaciones de mal procedimiento, conductas indebidas fuera de servicio o consumo de sustancias prohibidas.

En algunos casos, la Corte ha determinado que las medidas aplicadas fueron desproporcionadas o no contaban con el debido respaldo legal, ordenando la restitución de sueldos o la revisión de sanciones.

Sin embargo, la justicia también ha respaldado la mayoría de las expulsiones y sanciones disciplinarias impuestas por Carabineros, señalando que la institución tiene la facultad de aplicar medidas de control interno para asegurar la correcta ejecución de sus funciones.

Gendarmería y Carabineros: Altos sueldos y pensiones en medio de crisis institucional

Mientras se judicializan sanciones y despidos en Gendarmería y Carabineros, sus funcionarios reciben sueldos y pensiones considerablemente superiores a los de trabajadores comunes.

Según datos de la Fundación Sol, a 2023, la pensión promedio de un exfuncionario de Gendarmería es de $1.933.535, mientras que en Carabineros asciende a $1.419.983.

En contraste, el monto que recibe un pensionado común en el sistema de AFP es de $430.318, e incluso quienes cotizaron entre 25 y 30 años apenas alcanzan los $481.382.

El gasto estatal en pensiones de retiro para menos de 200.000 exuniformados fue de $2.814 millones en 2023, mientras que para más de dos millones de chilenos con Pensión Garantizada Universal y Plan Social se destinaron $6.900 millones.