Un ciudadano venezolano que vive en Chile pasó meses intentando recuperar sus ahorros de pensiones, pero la AFP se lo negó una y otra vez. Ahora, la justicia falló a su favor.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el afectado trabajó en Chile durante varios años y, como cualquier trabajador, realizó cotizaciones en su AFP.

Cuando decidió retirarse del sistema de pensiones chileno y recuperar su dinero, presentó todos los documentos necesarios para acreditar que era técnico extranjero y que seguía afiliado a un sistema de pensiones en Venezuela, tal como lo exige la Ley N°18.156.

Sin embargo, su solicitud fue rechazada en varias ocasiones.

Primero, AFP UNO le negó el retiro porque, según la empresa, debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, no podían verificar la validez de los documentos que había presentado.

Luego, cuando insistió y presentó nuevamente la solicitud, le dijeron que su contrato de trabajo no era válido porque aparecía como representante legal de la empresa en la que trabajaba, lo que, a juicio de la AFP, significaba que no era un trabajador dependiente. Sin otra opción, decidió acudir a la justicia.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor. En un fallo dividido, el tribunal determinó que la AFP actuó de manera ilegal al rechazar la solicitud sin fundamentos suficientes y ordenó que le devuelvan su dinero en un plazo máximo de 30 días.

Según la Corte, la administradora de pensiones no tiene la facultad de decidir si alguien es o no trabajador de una empresa, ya que esa es una tarea que le corresponde exclusivamente a los tribunales laborales.

Además, se estableció que el afectado cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley para solicitar la devolución de sus fondos.

El fallo contó con el voto en contra de una de las juezas, quien consideró que el caso no era tan claro y que la relación laboral del afectado con su empleador debía discutirse en otro tipo de juicio.

Sin embargo, la mayoría de los jueces estuvo de acuerdo en que la AFP no podía negarle el retiro de su dinero basándose en interpretaciones propias de la ley.