En septiembre de 2016, en la cárcel de Rancagua, se vivió una tragedia cuando un recluso fue encontrado muerto en su celda.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la noche anterior, otros internos habían pedido ayuda al gendarme encargado porque el hombre estaba gravemente enfermo.

Sin embargo, el funcionario no prestó atención a las solicitudes, y la situación terminó con la muerte del recluso.

Este gendarme fue acusado de no haber hecho lo necesario para proteger al interno bajo su cuidado, lo que lo llevó a ser condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua.

La sentencia le impuso una suspensión de su empleo por dos años y una multa equivalente a 11 UTM ($732.171).

El funcionario, inconforme con la decisión, apeló el fallo, argumentando que el tribunal había cometido errores durante el juicio.

Según su versión, los jueces hicieron preguntas a un testigo que no solo buscaban aclarar hechos, sino que, según él, agregaban información nueva que no se había presentado antes.

Esto, decía, lo había perjudicado y pedía que se anulara la condena y se realizara un nuevo juicio.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esta solicitud. Los jueces señalaron que las preguntas realizadas durante el juicio no agregaron nueva información, sino que simplemente ayudaron a aclarar lo que ya se sabía.

Además, afirmaron que el tribunal había actuado de manera imparcial y dentro de las reglas.