En julio de 2016, un interno del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur fue víctima de abusos físicos por parte de dos funcionarios de Gendarmería.

Estos gendarmes sometieron al interno a malos tratos y provocaron lesiones graves. Los hechos fueron denunciados, y tras una investigación y juicio, ambos fueron declarados culpables de apremios ilegítimos y lesiones graves.

El tribunal, en primera instancia, los condenó a 3 años y seis meses de prisión, pero les otorgó el beneficio de cumplir su condena bajo libertad vigilada intensiva, lo que significa que no irían a la cárcel, pero estarían bajo control durante ese tiempo.

No conformes con el resultado, los gendarmes presentaron un recurso de nulidad, es decir, pidieron que se anulara el fallo, argumentando que el tribunal había cometido errores al evaluar las pruebas presentadas.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y determinó que la sentencia original estaba bien fundamentada y que no había errores en la valoración de las pruebas.

Los jueces explicaron que las pruebas eran claras y que la decisión del tribunal fue razonable y lógica, por lo que no había motivos para anular el fallo.

En consecuencia, la Corte rechazó el recurso de nulidad y mantuvo la condena de los gendarmes.