Una mujer de 48 años llegó a un centro de salud en Lampa con un fuerte dolor en el pecho, un síntoma común de un ataque al corazón.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, a pesar de su historial médico, que incluía obesidad e hipotiroidismo, el personal que la atendió la clasificó como un caso "no urgente".

Esto significó que no recibió atención prioritaria ni se le realizó un electrocardiograma de inmediato, un examen clave para detectar un infarto.

En lugar de seguir los protocolos recomendados, la paciente tuvo que esperar mientras su condición empeoraba. Poco después, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Sus hijas, convencidas de que hubo negligencia en la atención médica, presentaron una demanda contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, entidad a cargo del centro de salud.

En el juicio, se presentó un informe pericial que detalló los errores cometidos por el personal. Según este análisis, la paciente tenía varios factores de riesgo que debieron haber alertado a los profesionales de salud sobre la posibilidad de un infarto.

Sin embargo, en lugar de recibir un tratamiento inmediato, la atención se retrasó, reduciendo significativamente sus posibilidades de sobrevivir.

El Juzgado de Letras de Colina falló a favor de las hijas de la víctima, concluyendo que hubo una falta grave en el servicio de salud.

La jueza determinó que el centro asistencial no siguió los procedimientos médicos adecuados y que este actuar negligente contribuyó al fallecimiento de la paciente.

Como resultado, la corporación fue condenada a pagar $60 millones como indemnización por el daño moral causado a la familia.

El fallo destacó que, si el personal médico hubiese seguido los protocolos establecidos para tratar casos de posible infarto, la paciente habría tenido mayores probabilidades de sobrevivir.

Además, se cuestionó la decisión de clasificarla como un caso de baja prioridad, ya que sus síntomas y antecedentes médicos indicaban la necesidad de atención urgente.