Un funcionario de Carabineros con más de 17 años de servicio presentó un recurso de protección tras ser desvinculado de la institución por razones de salud.

Según su relato y el fallo judicial, siempre había cumplido con su trabajo sin problemas y había aprobado todas las evaluaciones médicas y psicológicas que se le exigían.

Sin embargo, en octubre de 2024 fue notificado de su retiro absoluto debido a un diagnóstico de trastorno de personalidad y trastorno del espectro autista.

El afectado aseguró que la decisión era injusta y que la Comisión Médica Central de Carabineros no había tomado en cuenta que su condición no le impedía seguir trabajando, al menos en labores administrativas.

Además, presentó informes médicos que indicaban que su diagnóstico no era incapacitante y que su estado de salud estaba bajo control con tratamiento.

Alegó que esta medida le quitaba de manera arbitraria su trabajo, su sueldo y los beneficios que había acumulado en su carrera.

Por su parte, Carabineros defendió la decisión argumentando que el funcionario tenía antecedentes de episodios depresivos graves, crisis emocionales y dificultades para manejar situaciones de estrés.

Según los informes de la institución, su estado de salud hacía imposible que siguiera desempeñándose en la policía, ya que su estabilidad emocional era un factor clave para el tipo de trabajo que realizaba.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso del funcionario, determinando que la decisión de la Comisión Médica estaba respaldada por evaluaciones especializadas y que no había evidencia suficiente para revertir su retiro.

Según el fallo, la medida se tomó siguiendo procedimientos técnicos y no correspondía a los tribunales intervenir en decisiones médicas de este tipo.

El funcionario aún tiene la posibilidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema.