El lector acostumbrado a los titulares de crímenes, violaciones, robos, secuestros, denuncias de estafas de uno u otro lado, etc., ganó algunos días de descanso acompañando una nueva versión de la novela “Reforma de las pensiones”. La traginovela que ya transitó en los ámbitos políticos durante más de dos años, parece hoy una realidad más tangible.

Así, es este un momento oportuno para recapitular y reflexionar acerca de lo ocurrido entre 2008 y 2025 respecto a este tema. En el 2008, la anterior Ley de Pensiones fue promulgada durante la administración de Bachelet, y sus principales beneficios fueron:

• Creación de un Pilar Solidario que benefició al 40% de la población económicamente más vulnerable.

• Disminución de la discriminación entre géneros al mejorar las pensiones de las mujeres, incluyendo bonos por hijo nacido y mecanismos para reconocer el trabajo no remunerado en el hogar.

• Estableció la obligatoriedad de cotización para trabajadores independientes, beneficiando el sistema de impuestos.

La presente propuesta de Reforma Previsional, que se podría transformar en ley en estos días, se gestó en 2022, durante la actual administración, y tiene como metas:

• Mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentándola a $250,000 mensuales.

• Crea un seguro social financiado por una nueva cotización del 6%, a cargo de los empleadores.

• A pesar del descontento de algunos sectores, da continuidad a las AFP, pero ejerciendo un mayor control administrativo y transparencia en sus operaciones para cohibir abusos contra sus afiliados.

• Cada dos años, se licitará el 10% de los afiliados en cada AFP de forma aleatoria. La administración de los ahorros previsionales de este grupo será adjudicada a la entidad que ofrezca cobrar la menor comisión.

• El IPS tendrá un rol activo en la administración de los fondos de pensiones, ofreciendo una alternativa pública a las AFP privadas.

Además, entre otros aspectos relevantes, se incrementará la cotización obligatoria de los empleadores al sistema de pensiones equivalente al ≈8 % de la remuneración imponible, para fortalecer las pensiones futuras y mejorar la sostenibilidad del sistema previsional.

El aporte extra se distribuirá de la siguiente manera:

• Un 4.5% destinado directamente a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores.

• Un 1,5%, de carácter transitorio por 30 años, también dirigido a las cuentas individuales, que será entregado íntegramente al afiliado al momento de su jubilación, incluyendo reajustes e intereses

• Un 2.5% destinado al Seguro Social propuesto en la reforma que cubre situaciones específicas (cesantía, incapacidad).

La reforma debe beneficiar aproximadamente 2,8 millones de adultos mayores que representan alrededor de 78% de los adultos mayores, y aumentará sus pensiones entre un 14% y un 35%, o sea una fracción importante de los chilenos(as) que actualmente sobreviven con pensiones de miedo.

El primer proyecto fue uno de los legados de Michelle Bachelet y el actual, si sale aprobado, debe marcar la gestión del actual presidente. Pero la última palabra como es habitual, la tiene la sociedad informada que debe recordarlos o no, como líderes sensibles y atentos con las prioridades de la sociedad.

Lecciones que nos deja

Coincidencia o no, los dos proyectos fueron iniciativas de administraciones progresistas comprometidas con la crítica realidad de los (las) que trabajaron durante su vida para depararse más tarde que la pensión no es suficiente para sobrevivir de forma digna.

Sin desconocer el acuerdo actual entre el gobierno y un sector de la oposición, es necesario recordar las expresiones de políticos formadores de opinión frente al actual proyecto.

José Antonio Kast criticó el acuerdo entre el Gobierno y oposición, señalando que fue realizado "a escondidas de los chilenos" y advirtiendo que, si no se retrocede en esta decisión, "en noviembre los chilenos se las van a cobrar". Kast enfatizó su oposición a que el 6% de cotización adicional no se destine a las cuentas individuales de los trabajadores.

La senadora Ximena Rincón, candidata presidencial, expresó su preocupación por la falta de datos que permitan estimar el impacto real de la propuesta. Reconoció la necesidad de solidaridad y esfuerzo, pero cuestionó la carga financiera que se impone a ciertos sectores.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó la postura de las AFP, afirmando que "se han jugado por que no haya reforma de pensiones, pero se han ido quedando solas en su intransigencia".

Además, expresó que la reforma de 2008 creó el Pilar Solidario, y benefició a cerca de 480.000 pensionados con un máximo de $60.000. En esta ocasión, además del aumento de la PGU, cerca de 900.000 afiliados que han cotizado con mayor regularidad recibirán el beneficio por tiempo cotizado, y aproximadamente 800.000 mujeres obtendrán la compensación por diferencial de expectativa de vida.

El senador David Sandoval afirmó en el debate en el Congreso a raíz de esta reforma, que “las AFP son una caja negra. Agregó que las AFP han carecido de transparencia y de enfoque activo en la educación previsional de los chilenos”.

En tanto la diputada Carmen Hertz expresó su desacuerdo con la forma en que se decidió la distribución de costos de la propuesta, y también por no haber eliminado las AFP, que a su juicio es el origen de la situación actual.

Evelyn Matthei, expresó su apoyo al proyecto ya que beneficiaría a las mujeres, pero objetó el segundo informe de la mesa técnica, pues su contenido puede traer 'graves consecuencias', aunque nunca especificó cuáles.

Finalmente, queda en relieve el papel clave que desempeña el elector(a) bien informado(a), quien, a partir de su sufragio, facilitará o dificultará el trámite de proyectos a futuro, que como en éste y otros ejemplos (ISAPRES), podrían beneficiar a la mayor parte de la población.

NOTA: La actual reforma tiene probablemente su origen en las legislaciones europeas, por sus similitudes, pero atención, en España, Francia e Italia, el empleador debe contribuir entre el 16-23% de la cotización, mientras que en Chile la contribución del empleador debe alcanzar 8%.