Cuando quienes ejercen autoridad vulneran deliberadamente las normas que deben proteger, el daño no termina en el delito cometido ya que difumina la confianza que sostiene a la institución completa.
Fernando Paredes Mansilla / Crédito: Agencia Uno
El caso Luminarias Led se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción municipal de los últimos años. La investigación de la Fiscalía Regional de Ñuble ha develado una trama de sobornos para favorecer licitaciones destinadas al recambio del alumbrado público, involucrando a funcionarios, empresarios y autoridades de distintas comunas del país.
Ahora el escándalo vuelve a encenderse —aunque esta vez la luz no proviene precisamente de una luminaria LED— con la condena del exalcalde de Puerto Natales y expresidente regional de laUnión Demócrata Independiente (UDI), Fernando Paredes Mansilla. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas lo condenó de manera unánime a cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de cohecho, además del pago de una multa de $30 millones, la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y para ejercer derechos políticos, y la prohibición de desempeñarse en órganos del Estado o en empresas que contraten con éste.
No estamos, por tanto, ante una simple irregularidad administrativa, una desafortunada interpretación de las bases de una licitación o alguna de esas pintorescas “confusiones” con las que de tanto en tanto ciertos sectores políticos intentan convertir la corrupción en un problema de papeleo. Paredes fue condenado por cohecho. Y la sentencia estableció que aceptó dinero del holding Itelecom para favorecer a la empresa en procesos vinculados al recambio del alumbrado público de Puerto Natales.
La Fiscalía, representada por la persecutora Paulina Valdebenito, acreditó además un episodio particularmente revelador: el 20 de julio de 2019, Paredes mantuvo contacto telefónico con un ejecutivo de Itelecom para conversar sobre las especificaciones técnicas de la futura licitación. Según lo establecido durante el proceso, entregó su número telefónico y correo electrónico para recibir directamente de los ejecutivos del holding recomendaciones y comentarios destinados a favorecer a la compañía. Es decir, el alcalde no estaba precisamente mirando las luminarias desde lejos, estaba involucrado en la preparación del terreno para que la empresa pudiera competir con ventaja.
Como corolario, en abril de 2020 (específicamente con orden de compra del 23 de abril), el municipio de Puerto Natales adjudicó el contrato a Itelecom (o empresas del holding) por un monto de $1.590.066.777. Aquí aparece una de las ironías más feroces del caso. Paredes no era un funcionario cualquiera. Fue edil de Puerto Natales, militante de la UDI y llegó a ejercer como presidente regional de esa colectividad en Magallanes.
La UDI, que durante décadas ha convertido la palabra probidad en una pieza recurrente de su repertorio discursivo cuando se trata de atacar al adversario, tiene ahora a uno de sus antiguos dirigentes regionales condenado a cárcel efectiva por corrupción. Conviene subrayar que no se trata de responsabilizar penalmente a un partido por el delito cometido por uno de sus militantes. Pero la responsabilidad política y ética de las organizaciones también existe, especialmente cuando sus dirigentes han construido parte de su identidad pública alrededor del orden, la autoridad, la defensa de las instituciones y la supuesta superioridad moral en materia de administración del Estado.
El filósofo John Rawls sostenía que las instituciones públicas deben estructurarse bajo condiciones de justicia y equidad, y que quienes ejercen poder político están sujetos a una exigencia especial de justificación pública. El cohecho representa exactamente lo contrario, es decir, el poder público deja de justificarse ante la ciudadanía y comienza a operar en función de intereses particulares.
A su vez, el sociólogo Émile Durkheim, al estudiar la relación entre las normas sociales y la cohesión de las instituciones, mostró que la transgresión de las reglas no es un fenómeno puramente individual, pues también revela las tensiones existentes dentro del propio orden social. Cuando quienes ejercen autoridad vulneran deliberadamente las normas que deben proteger, el daño no termina en el delito cometido ya que difumina la confianza que sostiene a la institución completa.
La ironía final es brutal. Un hombre que ejerció el poder municipal en nombre de la UDI termina condenado precisamente por traicionar aquello que se supone que un alcalde debe custodiar: la confianza pública. Cinco años y un día de cárcel, $30 millones de multa e inhabilitación perpetua no son una nota al pie de una carrera política. Son el epitafio institucional de una forma de entender el poder donde algunos parecen haber confundido la administración de los recursos públicos con la administración de sus propios intereses.
Las luminarias debían mejorar el alumbrado público de Puerto Natales, pero terminaron dejando al descubierto algo mucho más incómodo: la oscuridad que puede instalarse dentro del poder cuando quienes deben custodiar el interés público deciden ponerle precio a éste.
