Pescadores artesanales emplazan a Puerto Coronel a alcanzar acuerdo extrajudicial por demanda tras derrame
El grupo de más de 2.000 pescadores artesanales que demandaron a Puerto Coronel S.A. por los daños ambientales tras un derrame de carbón al mar hace cinco años, urgieron a la empresa a llegar a un acuerdo extrajudicial por este tema, en el marco de que este lunes 16 de diciembre se conocerán las medidas cautelares contra los involucrados.
Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), señaló que el contexto de la formalización al alcalde de esa ciudad, Boris Chamorro (PS), por delitos como cohecho al ser acusado de haber recibido dineros por parte de Puerto Coronel S.A., según él, es el ambiente ideal para sentarse a conversar.
"En medio de los cuestionamientos éticos y judiciales que enfrenta la empresa por el caso del alcalde Boris Chamorro, llegar a un acuerdo por el caso nuestro sería una señal positiva para los afectados de la bahía de Coronel”, comenzó el dirigente.
“Y sería una muestra de buena disposición a tomar las acciones necesarias para apoyar a la comunidad”, añadió Cortés.
Los pescadores artesanales de Coronel, insisten, buscan llegar a soluciones a través del diálogo y así obtener una solución que favorezca a ambas partes y evite prolongar innecesariamente el litigio que ya lleva cinco años.
Esto, por los graves daños ambientales que dejó el derrame de contaminantes al mar y que afectaron las operaciones del Muelle N° 3, causando un serio perjuicio económico a cientos de familias.
De acuerdo al grupo demandante, los motivos son, por una parte, el daño ecológico basado en el artículo 144 de la Ley de Navegación, que presume la existencia de daño ambiental en caso de derrames contaminantes en el mar.
Por otro lado, está la responsabilidad de la empresa Puerto Coronel S.A. como causantes de los derrames de carbón desde las tolvas y correas transportadoras del muelle, lo que ha impactado la actividad pesquera y recolección de algas en la zona.
Los demandantes exigen una indemnización económica por los perjuicios sufridos, debido a que sus medios de vida se vieron gravemente afectados por la contaminación.