En julio de 2023, un hombre regresó a la casa que arrendaba en Llolleo, San Antonio, después de trabajar durante semanas en una faena minera.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, al intentar entrar, descubrió que el dueño de la vivienda había cambiado la chapa, dejándolo sin acceso y con todas sus pertenencias atrapadas en el interior.

Este hombre había acordado arrendar el inmueble en febrero de 2022 mediante un trato verbal, pagando $280.000 mensuales.

Inicialmente, el precio incluía los servicios básicos, pero meses después, el dueño le exigió pagar deudas de electricidad que, según él, no estaban cubiertas.

Aunque el hombre saldó esas cuentas, siguieron los conflictos. El arrendador comenzó a presionarlo para que abandonara la propiedad y, en varias ocasiones, entró sin autorización mientras el hombre no estaba. Finalmente, aprovechando su ausencia, decidió cambiar la cerradura.

Al no poder recuperar sus bienes, este hombre presentó un recurso de protección para que se le permitiera el acceso a la casa y se le devolvieran sus pertenencias.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó su solicitud, señalando que el caso debía resolverse en un juicio más largo en tribunales civiles.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión. En su fallo, el tribunal concluyó que el dueño de la casa actuó de forma indebida al tomar la justicia por sus manos, lo que está prohibido por la ley.

Además, indicó que si tenía problemas con el contrato de arriendo, debía acudir a la justicia y no actuar por su cuenta.

La Corte Suprema ordenó al propietario permitir al trabajador minero ingresar a la vivienda para retirar sus pertenencias y le prohibió realizar más actos arbitrarios mientras no se resuelva legalmente la situación del arriendo.