Una mujer, quien era dirigente del Departamento Femenino del Sindicato de la Construcción, en julio de 1982, cuando estaba embarazada de su tercer hijo con 8 meses de gestación, vio cómo su vida dio un giro trágico.

El 8 de julio, mientras se encontraba en su casa, fue detenida por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) junto a su esposo y ambos fueron trasladados al cuartel de Investigaciones de Chillán.

Según lo que se consigna en el fallo judicial, una vez en el cuartel, la mujer fue sometida a un trato brutal.

Durante su detención, la mujer fue obligada a escuchar los gritos de su esposo siendo torturado en la habitación contigua.

Los agentes la amenazaron, diciéndole que si no entregaba los nombres de las mujeres que trabajaban con ella en el Sindicato de la Construcción, sufriría el mismo destino que su esposo.

En una ocasión, cuando la mujer se sintió extremadamente enferma, los agentes de la CNI finalmente la liberaron, pero solo después de que firmara un documento en el que declaraba falsamente que no había sufrido daños.

Veintitrés días después de ser liberada, la mujer dio a luz a un hijo que nació desnutrido y tuvo que ser hospitalizado.

El acoso y el hostigamiento por parte de los agentes del Estado no terminaron con su liberación.

Continuaron vigilándola, manteniendo puntos fijos fuera de su domicilio, golpeando la puerta a medianoche, e interrogando a sus hijos cuando ella no estaba en casa.

Esta persecución constante obligó a la familia a mudarse. Un año y medio después de estos sucesos, su esposo fue finalmente liberado, pero tuvo que firmar mensualmente durante tres años, antes de que ambos solicitaran refugio en Australia.

La mujer ha sostenido que el daño emocional y psicológico que sufrió durante y después de estos eventos ha afectado profundamente su vida.

A lo largo de los años, el impacto de estas experiencias traumáticas ha sido evidente, manifestándose de diversas maneras.

Además, el Estado la reconoció oficialmente como víctima de violaciones a los derechos humanos, incluyendo su nombre en la “Nómina de prisioneros políticos y torturados”.

Un fallo judicial tras 42 años

Finalmente, en un esfuerzo por hacer justicia, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de de la mujer, ordenando al Estado pagarle $80.000.000 como indemnización por el daño moral sufrido.

La corte también determinó que el Estado deberá pagar intereses sobre esta suma desde el momento en que se reconoció la deuda hasta que se realice el pago completo.