El próximo 1 de septiembre comenzarán a regir las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 sobre delitos económicos a la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, cambios que impactarán directamente en los modelos de prevención de delitos en las empresas de todos los tamaños, sean públicas o privadas.

Ello, porque desde la fecha señalada, tendrán que disponer obligatoriamente de este estándar en sus organizaciones, escenario ante el que desde el gremio de los abogados hacen algunas aclaraciones.

“Con esta nueva modificación a la Ley, identificamos dos aristas: por un lado, las empresas grandes deberán robustecer su modelo interno de prevención del delito económico", asegura el abogado Cristóbal García.

Paralelamente, sostiene, "las Pymes deberán tener implementados estos sistemas, lo cual puede ser desafiante una vez que la ley entre en vigor".

En este contexto, el profesional llama a "actuar cuanto antes para evitar sorpresas en este segmento”.

Oportunidad para las empresas

Por otra parte, García explica que “la nueva ley puede ser vista como una oportunidad para que las empresas de todos los tamaños, incluidas las Pymes, fortalezcan su cultura de ética e integridad en la realización de sus negocios".

"Esto contribuirá a elevar los niveles de probidad y a perseguir y castigar con mayor eficacia a aquellas empresas que compitan mediante prácticas ilícitas”, releva.

Entre las principales modificaciones que introduce la Ley, se agregan más tipos de personas jurídicas a las que se les aplica la responsabilidad penal. Anteriormente, la ley solo se les aplicaba a personas jurídicas de derecho privado y a empresas del Estado.

De hecho, ahora se incorporan partidos políticos, personas jurídicas religiosas y las universidades del Estado.

Además, el catálogo de delitos por los cuales las personas jurídicas podrían responder penalmente, se amplía a más de 200 ilícitos, y se extiende también a los cometidos por quienes prestan servicios a una empresa, gestionando asuntos de la empresa, ya sea con o sin su representación.

“Esto provocará que las empresas más grandes exijan a las pequeñas contar con modelos de prevención de delitos robustos”, asegura el jurista al tiempo que recalca que "la nueva ley sólo requiere que el delito se haya visto favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un adecuado modelo preventivo, lo cual demuestra nuevamente lo imperativo de contar con esta estandarización”.