En plena sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Defensor de la Niñez Anuar Quesille habló fuerte y claro contra una indicación aprobada dentro de la Ley de Migraciones que se discute.

Esto, porque de acuerdo a Quesille podría transformarse en una discriminación arbitraria contra niños, niñas y adolescentes, pues otorgaría prioridad a chilenos(as) al momento de asignar cupos en el sistema educativo.

Con esto, según el Defensor de la Niñez, se podrían establecer limitaciones al derecho a la educación por motivos que pueden ser constitutivos de discriminación arbitraria.

¿Qué dice la indicación? 

Es el artículo 17 del proyecto de ley y establece respecto del acceso a la educación que “no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales”.

Al respecto, el Defensor de la Niñez alertó en la comisión de Gobierno Interior que la solución a la problemática de cupos y matrículas responde a una respuesta de política pública educacional que debe atender a los nuevos escenarios demográficos, sin caer en limitaciones al derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria y por tanto inconstitucionales.

“Hemos hecho un análisis desde la Ley de Garantía y otras normativas, y la falta de matrículas y listas de espera no son problemas que se asocien directamente a la migración, es un problema de política pública educacional, respecto del cual el Ministerio de Educación debe hacerse cargo, para asegurar un que está consagrado en la Ley 21.430”, explicó Anuar Quesille.

“Sostener esta indicación podría implicar un escenario importante de discriminación arbitraria contra niños, niñas y adolescentes. El criterio a tener en cuenta para garantizar el derecho a la educación debe ser el ser un niño, niña o adolescente, y que la situación migratoria es sólo una condición de vulnerabilidad, respecto de la cual, además, el Estado debe tomar medidas”, añadió.

Para cerrar, Quesille dijo a los parlamentarios que “si queremos proteger y alejar a la niñez y adolescencia de las bandas delictuales y el crimen organizado, lo que tenemos que hacer es garantizar cada vez más los derechos sociales, no restringir su acceso a grupos de niños que son especialmente vulnerables”.