Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz graves irregularidades en la gestión financiera de la Municipalidad de Algarrobo, ocurridas entre 2021 y 2023.
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Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz graves irregularidades en la gestión financiera de la Municipalidad de Algarrobo, ocurridas entre 2021 y 2023.
La investigación concluyó que una empleada que funcionaba como tesorera, sin tener el nombramiento oficial, realizó 107 transferencias bancarias ilícitas que suman más de $1.193 millones.
Estos fondos fueron a parar a cuentas de supuestos proveedores y otras personas que no tenían relación de servicio con el municipio, incluyendo familiares cercanos del alcalde de aquel entonces.
La situación se agrava al descubrirse que algunas de estas transacciones fueron directamente rechazadas por BancoEstado, incluyendo dos intentos de transferencia por un total de $60 millones.
Además, se registraron devoluciones por más de $59 millones por parte de tres beneficiarios de estos fondos irregulares, lo que añade otra capa de sospecha a la administración municipal.
El informe también señala un vacío crítico en la estructura organizativa del municipio: la ausencia de manuales de procedimientos para la gestión de la tesorería, pagos y manejo de cuentas bancarias.
Esto apunta a un grave descuido en el control interno, que pudo haber facilitado las malversaciones descubiertas.
El exalcalde, Jose Luis Yáñez (UDI), junto con otros altos cargos como la exdirectora de Desarrollo Comunal y el Exdirector Jurídico, aprobaron personalmente las operaciones financieras cuestionadas, implicándose así directamente en las irregularidades.
Además, se descubrió que el exalcalde intervino en procesos disciplinarios para influir en sus resultados, aumentando las irregularidades administrativas y legales observadas.
En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha iniciado un sumario administrativo y ha pasado todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones penales y civiles correspondientes.