Diversos parlamentarios han presentado una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones para otorgar un derecho preferente a las familias afectadas por catástrofes naturales, permitiéndoles volver a habitar en las zonas devastadas.

La moción busca brindar una solución habitacional adecuada a quienes han perdido sus viviendas o terrenos debido a eventos catastróficos, como incendios, inundaciones, terremotos o tsunamis.

Los legisladores argumentan que, en el contexto de las recientes tragedias naturales en nuestro país, es esencial garantizar el derecho de las personas a reconstruir sus vidas en las mismas áreas donde residían anteriormente.

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Subrayan que las catástrofes no solo tienen un impacto devastador en la infraestructura y la economía de las comunidades afectadas, sino que también generan graves consecuencias para las familias, especialmente aquellas de clase media que pueden caer en la pobreza si no reciben el apoyo necesario.

En específico, mencionan los recientes incendios que afectaron a sectores como El Olivar, Villa Independencia y Pompeya en Viña del Mar, así como a la ciudad de Quilpué.

Destacan la urgencia expresada por los damnificados de recibir soluciones por parte de las autoridades gubernamentales, quienes han manifestado su preocupación por la falta de medidas de apoyo.

Los parlamentarios plantean que, ante la incertidumbre sobre el futuro de las zonas afectadas y las posibles expropiaciones de propiedades, es fundamental garantizar que las familias tengan la posibilidad de regresar y reconstruir sus hogares en dichos lugares.

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Para ello, proponen establecer un derecho preferente durante un período de tres años para aquellos que hayan sido objeto de actos expropiatorios motivados por desastres naturales.

La propuesta, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca prevenir situaciones que profundicen el sufrimiento de las personas afectadas por catástrofes, asegurando su derecho a una vivienda digna y la reconstrucción de sus vidas en sus comunidades de origen.

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