Este jueves, Sernac informó en su web institucional que exigirá al Banco de Chile y al BCI que devuelvan todo el dinero cobrado indebidamente a sus consumidores morosos por gestiones de cobranza, lo que hicieron amparándose en la figura de supuestos "honorarios judiciales", además de que les den curso a las correspondientes compensaciones a los afectados.

Paralelamente, la entidad apela al término de esta práctica de las casas financieras involucradas, de las que espera operen en atención de los estándares y límites que exige la Ley del Consumidor.

Respecto de la situación, el director del Sernac, Lucas del Villar, confirmó que los cobros aplicados son graves, pues además de estar limitados en la ley desde el año 1999, afectan a consumidores que ya están morosos y están imposibilitados de negociar su deuda.

"En la práctica este tipo de cobros aplicados indebidamente recargan aún más la mochila a consumidores que ya se encuentran en una situación complicada, pues detrás de una deuda impaga se esconden situaciones económicas difíciles, las que se han agravado producto de la pandemia. Nadie tiene deudas sin pagar por gusto", destacó Del Villar.

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La investigación interna de Sernac

De acuerdo a la investigación del Sernac, que incluyó fiscalización, se confirmó que estas instituciones financieras incluyen en sus contratos una cláusula donde establecen que en caso de morosidad serán de cargo del consumidor los "honorarios judiciales" en que incurra la empresa en la eventualidad de una cobranza judicial.

En el caso del BCI, estos cargos corresponden al 15% del monto adeudado. Por su parte, en Banco de Chile oscila entre el 10% y 15% del total demandado, a lo que se suman gastos y costas judiciales. Incluso, la entidad fiscalizadora detectó que este cobro se aplica cuando se suscriben acuerdos extrajudiciales que dan por finalizado el juicio de cobro y, por tanto, no los establece el tribunal.

Para la institución de gobierno, la inclusión de esta cláusula y los cobros mencionados no se ajustan a lo que establece la Ley del Consumidor y atenta en contra la buena fe, porque no obedece a parámetros objetivos y producen desequilibrio y afectación de los consumidores.

En cuanto a la normativa, establece expresamente que las empresas sólo pueden cobrar los reembolsos por las gestiones efectivas de cobranzas extrajudiciales con topes. De hecho, desde 1999 está prohibido cobrar montos superiores al 3%, 6% y 9% del total de la deuda y, según una escala progresiva por tramos (sobre 50 UF, entre 10 y 50 UF y hasta 10 UF, respectivamente).

Cuando se trata de cobranzas judiciales, los montos por concepto "honorarios judiciales" que tienen que asumir los consumidores se fijan una vez que concluye el juicio. Y los determina el juez, no una entidad financiera.

Sobre 50 mil clientes afectados

Según datos preliminares del estudio del Sernac, sólo entre 2020 y 2021, BCI impuso estos cobros indebidos a más de 35 mil clientes que suscribieron acuerdos extrajudiciales para terminar a la cobranza judicial.

Banco de Chile lo hizo en más de 20 mil casos entre 2017 y 2021, por lo que los montos totales a restituir alcanzarían cifras millonarias.

Considerando la envergadura de esta situación, Sernac inició de oficio Procedimientos Voluntarios Colectivos con ambas entidades financieras para exigir la devolución del dinero cobrado indebidamente a los consumidores, con los reajustes e intereses correspondientes.

Adicionalmente, solicitará a las casas financieras adecuar sus contratos y prácticas a lo que establece la normativa vigente.

En la eventualidad de no lograr una propuesta satisfactoria de los bancos, Sernac tomará las acciones que correspondan para defender los derechos colectivos de los consumidores afectos a esta irregularidad.